Con una concentración multitudinaria frente al Congreso y actos en todo el país, organizaciones y familias exigieron la aprobación urgente del proyecto que declara la emergencia del sector. Denuncian recortes, vaciamiento del Estado y falta de políticas públicas.
Miles de personas se movilizaron este jueves frente al Congreso de la Nación para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El proyecto busca garantizar derechos fundamentales para millones de personas hasta fines de 2027.
Desde temprano, columnas de organizaciones, familiares, prestadores y personas autoconvocadas cortaron la avenida Entre Ríos y parte de Rivadavia. El reclamo, que ya lleva años, se volvió insostenible ante el avance del ajuste.
Piden mejoras en salud, trabajo y pensiones
La demanda principal es clara: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El proyecto contempla acceso a salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social. También propone incentivos para que las empresas cumplan con el cupo laboral obligatorio.
Uno de los ejes más urgentes es la situación crítica de los prestadores. Con tarifas congeladas y pagos atrasados, denuncian que el sistema está al borde del colapso.
La convocatoria formó parte de una acción federal. Además de la masiva protesta en Buenos Aires, hubo concentraciones en Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe, Neuquén y Mendoza. La consigna fue única: visibilizar una “crisis terminal del sistema de discapacidad”.
Críticas a ANDIS y denuncias contra el Gobierno
Las organizaciones denunciaron el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), su pérdida de jerarquía institucional y el traslado a la órbita del Ministerio de Salud. También repudiaron auditorías “tramposas” y la quita masiva de Pensiones No Contributivas.
Durante la jornada se leyó un documento con fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei. Acusaron a la gestión de aplicar políticas “eugenésicas” y de reemplazar derechos por asistencialismo. Además, advirtieron que continuarán las movilizaciones si no hay respuestas concretas.
La protesta incluyó un paro nacional del sector, actividades culturales y actos públicos. Las organizaciones reclamaron por retrasos en pagos, aranceles desactualizados, obstáculos para acceder a medicamentos y normativas que recortan derechos adquiridos.
El proyecto aún debe ser debatido en el Congreso. El oficialismo ya expresó reparos por el impacto presupuestario. Mientras tanto, el malestar crece y los sectores afectados no descartan nuevas protestas.
