El Ministerio de Capital Humano rechazó el recurso de reconsideración presentado por Cristina Fernández de Kirchner.
El Ministerio de Capital Humano rechazó el recurso de reconsideración presentado por Cristina Fernández de Kirchner. La exmandataria solicitaba la nulidad de la resolución que le quitó sus asignaciones vitalicias. La decisión fue comunicada por la ANSES, el organismo encargado de administrar las prestaciones previsionales.
La resolución impugnada había dado de baja los haberes que Fernández de Kirchner percibía como expresidenta y viuda del expresidente Néstor Kirchner. La exfuncionaria cobraba ambas asignaciones en simultáneo, situación que generó polémica en distintos sectores políticos. En noviembre de 2024, el monto total bruto de ambas asignaciones ascendió a $35.255.297,03, lo que equivale a 139 jubilaciones mínimas. Después de los descuentos correspondientes, el monto neto que recibió fue de $21.827.624,65.
Sin embargo, la ANSES fundamentó la medida en una sentencia firme contra la exmandataria.
La resolución del organismo previsional se basó en un fallo judicial que la condenó por un delito contra la administración pública. Según ANSES, este antecedente justificaba la suspensión de los haberes. Fernández de Kirchner, en su recurso, argumentó que el organismo carecía de facultades para revocar la asignación.
La ANSES defendió su decisión
La defensa de Fernández de Kirchner consideró que la decisión fue arbitraria y que vulneró derechos adquiridos. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano rechazó este planteo. En su respuesta, el organismo afirmó que posee la facultad de modificar o revocar resoluciones cuando detecta irregularidades en la concesión de beneficios.
Según la ANSES, la normativa vigente le otorga la potestad de revisar asignaciones vitalicias. Además, el organismo sostuvo que la decisión se ajustó a derecho y que el debido proceso quedó garantizado. La presentación del recurso y su posterior rechazo, afirmaron, demuestran que la exmandataria pudo ejercer su defensa.
El caso generó repercusiones en el ámbito político y jurídico. Mientras sectores afines a la expresidenta cuestionaron la resolución, el Gobierno defendió la medida como una acción basada en criterios legales. La situación podría derivar en una nueva instancia judicial si Fernández de Kirchner decide apelar ante la Justicia.
