La Secretaría de Discapacidad anuló un restablecimiento previo de beneficios
NewsITe
La Secretaría Nacional de Discapacidad dejó sin efecto la restitución de un grupo de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, que habían sido reactivadas en cumplimiento de una medida judicial. La decisión se formalizó mediante la Resolución 3702/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del área, Diego Pablo Masaragian.
Según se desprende de la norma, el organismo revisó la situación de un conjunto de beneficiarios que habían sido incluidos en una resolución anterior de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad. Esa disposición, la 13.901/25, había ordenado rehabilitar pagos de pensiones tras un fallo de primera instancia favorable a los titulares, pero luego fue revertida por la Cámara Federal de Tucumán el 12 de febrero de 2026.
Con ese marco, la nueva resolución deja sin efecto el restablecimiento para las personas listadas en un anexo que no fue difundido de manera pública junto a la medida. De acuerdo con los considerandos oficiales, se trata de titulares que ya habían sido notificados de la suspensión de su beneficio y que, pese a ello, no presentaron en tiempo y forma la documentación necesaria para acreditar la procedencia de la rehabilitación.
Plazos y requisitos para solicitar la rehabilitación
Aunque el restablecimiento quedó sin efecto, la Secretaría de Discapacidad habilitó un nuevo plazo administrativo para quienes resulten alcanzados por la resolución. Los titulares podrán pedir la rehabilitación de la pensión dentro de los 60 días corridos a partir de la notificación formal de la medida, siempre que acompañen la documentación respaldo que acredite su derecho.
Entre los requisitos previstos se menciona la presentación de informes médicos actualizados, la renovación de datos personales y el aporte de todo antecedente que permita evaluar la situación socioeconómica y sanitaria del solicitante. La autoridad de aplicación deberá analizar caso por caso y resolver si corresponde o no la continuidad del beneficio no contributivo.
Canales habilitados para hacer el trámite
Las gestiones podrán realizarse a través de distintos canales oficiales. La resolución menciona la posibilidad de presentar la documentación en dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad y en oficinas de PAMI que se encuentren habilitadas para recibir este tipo de trámites. También se contempla el uso del formulario de consultas del Ministerio de Salud de la Nación y la vía de Trámites a Distancia (TAD), la plataforma digital que concentra múltiples gestiones con el Estado.
En todos los casos, se buscará garantizar un registro formal de cada presentación, de manera de dejar constancia de la documentación aportada por los beneficiarios o sus representantes legales. La Secretaría tendrá la responsabilidad de evaluar los expedientes y emitir las decisiones correspondientes, ya sea para rehabilitar la pensión, rechazar el pedido o requerir información adicional.
Comunicación a otros organismos y alcance social
La Resolución 3702/2026 también instruye a comunicar la medida a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que liquida las pensiones no contributivas, y a notificar fehacientemente a todas las personas afectadas. De esta manera, se procura que los titulares conozcan su situación, el alcance de la decisión y los pasos a seguir si desean insistir con el reclamo.
- Se revocó la restitución de un grupo de pensiones por invalidez laboral.
- Los titulares tienen 60 días corridos para pedir la rehabilitación.
- Deberán presentar documentación médica y datos personales actualizados.
- El trámite puede hacerse en dependencias de Discapacidad, PAMI, Salud y vía TAD.
La Secretaría Nacional de Discapacidad evaluará la documentación caso por caso para determinar si corresponde rehabilitar cada prestación y dispuso la notificación fehaciente de las personas alcanzadas.
El debate sobre las pensiones no contributivas y los criterios para su otorgamiento y revisión se mantiene abierto en todo el país. Organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en políticas sociales seguirán con atención el impacto concreto de esta resolución sobre los ingresos de un sector que, en muchos casos, depende casi exclusivamente de estos beneficios para afrontar gastos básicos de salud, transporte y vivienda.
