Refuerzan los controles de ingreso y permanencia en el Estado local
NewsITe
El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó una reforma del Estatuto del Personal municipal que endurece los requisitos para ingresar y permanecer en la administración pública local. A partir de ahora será obligatorio presentar certificados de antecedentes penales y contravencionales, así como acreditar que el postulante no registra determinadas incompatibilidades legales.
La iniciativa fue impulsada por el intendente Daniel Passerini en medio del impacto público que generó el caso de Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega y otros delitos, quien pese a advertencias internas y pedidos de desafectación continuó prestando servicios en la Municipalidad. El episodio encendió alarmas políticas e institucionales sobre los mecanismos de control en los recursos humanos del Estado local.
La ordenanza que modifica el estatuto vigente —la N° 7244— fue aprobada casi por unanimidad. Solo contó con el voto en contra de la concejala de izquierda Cintia Frencia, mientras que el resto de los bloques acompañó el proyecto, aunque algunos legisladores plantearon matices y objeciones parciales al enfoque de la reforma.
Qué cambia con la reforma del Estatuto del Personal
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la actualización del artículo 12, que fija los requisitos para el acceso a la planta permanente, y del artículo siguiente, referido al personal contratado en la planta transitoria no permanente. En ambos casos se incorporan nuevos filtros de antecedentes penales y administrativos para quienes aspiren a ingresar a la Municipalidad de Córdoba.
- Se exigirá certificado de antecedentes penales y contravencionales emitido por la Policía de la provincia de Córdoba.
- Se deberá presentar el certificado de antecedentes nacionales de reincidencia.
- No se permitirá el ingreso ni la permanencia a quienes estén inscriptos en el registro de deudores alimentarios morosos.
- Quedarán excluidas las personas con imputaciones por delitos contra la integridad sexual.
Además, la normativa establece que los agentes municipales tendrán el deber de informar a la autoridad competente cualquier imputación penal dolosa o culposa que pudiera surgir con posterioridad a su ingreso, así como toda modificación en su situación procesal. La mera comunicación del hecho no implicará automáticamente una sanción, sino que habilitará la evaluación del caso y, eventualmente, la apertura de un sumario u otras medidas.
Debate político y desafíos de implementación
Durante el tratamiento en el recinto, el concejal Nicolás Piloni destacó el acompañamiento obtenido por el proyecto y lo calificó como un paso central para “elevar la vara en el nivel de integridad pública” en el ámbito municipal. Según planteó, el nuevo esquema de controles busca dar una señal clara de transparencia y responsabilidad hacia la ciudadanía.
En contraste, la concejala Cintia Frencia cuestionó la reforma al considerar que no resuelve de fondo los problemas estructurales de la relación laboral en el sector público municipal y alertó sobre la posibilidad de que estas exigencias se transformen en un mecanismo discrecional de selección o sanción. Desde la oposición también hubo planteos sobre la necesidad de acompañar estos filtros con mejores sistemas de auditoría y seguimiento interno.
El concejal Sergio Piguillem, que acompañó la iniciativa, advirtió que, si no se encara una revisión integral de la política de Recursos Humanos, la reforma podría quedar como “un parche” más dentro de la estructura administrativa. Por su parte, la concejala Graciela Villata, presidenta del bloque del Frente Cívico, respaldó el cambio pero reclamó controles más estrictos para garantizar que los certificados exigidos sean verificados y actualizados de manera efectiva.
La reforma busca evitar que personas con antecedentes graves o causas penales incompatibles con la función pública ingresen o se mantengan en la planta del Estado municipal, tras un caso que expuso fallas en los controles internos.
Con la aprobación de esta ordenanza, la ciudad de Córdoba se suma a una tendencia presente en distintas jurisdicciones del país, donde se avanza hacia mayores exigencias de idoneidad y transparencia para quienes integran la administración pública. El desafío ahora estará en la implementación concreta de los nuevos controles y en que el sistema tenga la capacidad de detectar a tiempo situaciones de riesgo sin vulnerar derechos laborales ni garantías procesales.
