El Gobierno sancionó a nueve hinchas tras los disturbios en Floresta
NewsITe
El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una prohibición de ingreso a espectáculos futbolísticos por el plazo de cuatro años para nueve hinchas, a raíz de los graves incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio de All Boys, en el barrio porteño de Floresta, antes del partido frente a Godoy Cruz por la Primera Nacional.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 1122/2026, publicada en el Boletín Oficial, e implica una “restricción de concurrencia administrativa” por 48 meses. Según la disposición, los sancionados no podrán ingresar a ningún espectáculo deportivo que se realice en el territorio argentino durante todo ese período, en el marco de la política oficial para combatir la violencia en el fútbol.
De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas, la resolución rige con carácter retroactivo desde el 29 de octubre. La lista de personas alcanzadas por la sanción incluye a David Ignacio Rivero, Federico Ariel Adán, Catriel Yair Ferchero, Sebastián Pablo Vázquez Laba, Jeremías Belardinelli Hernández, Santiago Ramiro López Saavedra, Nicolás Rubén Gavini, Sebastián Francisco Gavini y Josué Joaquín González.
Cómo se originaron los incidentes en el estadio de All Boys
El episodio que derivó en la prohibición se registró el pasado 12 de octubre, en la previa del encuentro entre All Boys y Godoy Cruz disputado en el estadio Islas Malvinas. Cerca de las 18.40, cuando se realizaban los controles de acceso sobre la intersección de las calles Chivilcoy y avenida Álvarez Jonte, uno de los simpatizantes, identificado como Federico Ariel Adán, intentó cruzar el vallado pese a tener vigente un derecho de admisión previo.
Frente a la intervención de los efectivos de seguridad para impedirle el paso, se desataron agresiones directas contra el personal policial mediante el lanzamiento de piedras y otros elementos contundentes. La situación escaló rápidamente y obligó a un despliegue coordinado entre la Policía de la Ciudad y unidades de Orden Urbano para dispersar a los agresores y restablecer el orden en la zona.
Como consecuencia de los disturbios, tanto agentes policiales como civiles sufrieron heridas de distinta consideración y debieron ser trasladados al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica. Las imágenes de los incidentes se sumaron a una larga lista de episodios de violencia vinculados al fútbol argentino, que en los últimos años vienen motivando mayores controles y sanciones administrativas.
Investigación penal y marco legal de las sanciones
Por los hechos ocurridos en las inmediaciones del estadio se labraron actuaciones por presuntas violaciones a los artículos 23, 90, 184 y 238 del Código Penal, que contemplan figuras como resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Todo lo actuado quedó a disposición de la fiscalía en turno, que deberá avanzar en la investigación penal para determinar eventuales responsabilidades individuales.
Las denominadas “restricciones de concurrencia” forman parte de las herramientas con las que cuenta el Estado para impedir el acceso de personas violentas o reincidentes a los espectáculos masivos, en particular a los partidos de fútbol. Estas medidas se complementan con los tradicionales derechos de admisión aplicados por los propios clubes y con los operativos de seguridad coordinados en cada encuentro.
- Prohibición de ingreso a todo espectáculo deportivo por 48 meses.
- Nueve hinchas identificados y alcanzados por la sanción administrativa.
- Investigación penal en curso por lesiones, daños y resistencia a la autoridad.
La resolución apunta a “desalentar conductas violentas y garantizar condiciones mínimas de seguridad” en los estadios y sus alrededores, en línea con las políticas de lucha contra la violencia en el fútbol.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar una señal de endurecimiento frente a los incidentes vinculados a barras y grupos violentos, en un contexto donde la seguridad en los eventos deportivos continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades nacionales y locales.
