Nuevo retiro voluntario para empleados públicos nacionales
NewsITe
El Gobierno nacional reglamentó un nuevo Régimen de Retiro Voluntario para empleados públicos de la Administración Pública Nacional Centralizada. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
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El esquema crea tres grupos de potenciales beneficiarios, definidos por edad y situación previsional, y establece distintas modalidades de compensación económica. El objetivo oficial es ofrecer una salida anticipada y acordada para parte del personal estatal, en el marco del proceso de reestructuración del sector público.
El régimen está dirigido exclusivamente al personal de las jurisdicciones y organismos que integran la Administración Pública Nacional Centralizada, bajo la órbita del Poder Ejecutivo. No alcanza a las administraciones provinciales ni municipales, ni a otros poderes del Estado.
Quiénes pueden acceder al retiro voluntario
El decreto detalla con precisión los requisitos de edad, años de aportes y antigüedad para acceder al beneficio, así como el tipo de compensación económica que corresponde en cada caso.
Grupo 1: personas cerca de la edad jubilatoria sin aportes suficientes
El primer grupo está integrado por mujeres desde los 58 años y varones desde los 63 que aún no reúnen los aportes necesarios para la jubilación ordinaria. Para ellos se prevén dos alternativas excluyentes entre sí:
- Cobro mensual del 60% de la remuneración bruta habitual, durante un máximo de 36 meses o hasta completar los requisitos jubilatorios, lo que suceda primero.
- Cobro de una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un tope de 18 remuneraciones y sin exceder el equivalente a los meses que falten para alcanzar la edad y aportes para jubilarse.
Grupo 2: personas con edad avanzada y 30 años de aportes
El segundo grupo comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y varones de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes jubilatorios. En este caso, la compensación económica contempla dos componentes:
- Una gratificación equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad, o fracción mayor a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones.
- Un adicional fijo equivalente a cinco sueldos brutos, independientemente de la antigüedad acumulada.
Grupo 3: personal más joven con diferentes niveles de antigüedad
El tercer grupo abarca a mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62 años. Para estos casos, la gratificación básica será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un límite de 20 remuneraciones.
Además, se prevén sumas extra vinculadas a la antigüedad en la planta permanente:
- Quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente recibirán cuatro sueldos adicionales.
- Quienes acrediten 15 años o más de antigüedad percibirán cinco remuneraciones adicionales.
Plazos y forma de adhesión
El decreto fija un período determinado para adherir al Régimen de Retiro Voluntario. El personal alcanzado podrá inscribirse entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026. La norma habilita, además, una sola prórroga posible de hasta 30 días corridos, que deberá ser definida por la autoridad de aplicación.
La adhesión será de carácter voluntario y, una vez aceptada por el organismo empleador, implicará la extinción de la relación de empleo público. La recomendación para los potenciales interesados es solicitar información detallada a las áreas de Recursos Humanos de cada organismo y, en lo posible, consultar con especialistas previsionales o legales antes de tomar una decisión definitiva.
Quiénes quedan excluidos del régimen
El Decreto 1203/2026 también contempla una serie de exclusiones, es decir, situaciones en las que el personal no podrá acceder al retiro voluntario. Entre los casos más relevantes se encuentran:
- Personal procesado por delitos contra la Administración Pública Nacional.
- Agentes sometidos a sumario administrativo en trámite por hechos que podrían derivar en cesantía o exoneración, o que hayan provocado un perjuicio fiscal.
- Empleados con procedimientos disciplinarios pendientes que puedan terminar en cesantía o exoneración.
- Trabajadores que hayan iniciado reclamos administrativos o demandas judiciales laborales contra el Estado nacional, salvo que desistan expresamente del proceso.
- Quienes ya hayan tramitado jubilación ordinaria, retiro por invalidez, prestación por edad avanzada u otras prestaciones previsionales equivalentes, nacionales o provinciales.
- Empleados que ya cumplan los requisitos para acceder a la jubilación según el artículo 19 de la Ley 24.241.
- Personal que haya presentado su renuncia y esté pendiente de aceptación.
- Agentes que se encuentren en situación de disponibilidad durante la vigencia del régimen.
El nuevo régimen de retiro voluntario se inscribe en el proceso de reestructuración del Estado impulsado por el Gobierno, que busca reducir el plantel de la Administración Pública Nacional a través de mecanismos de adhesión voluntaria y compensaciones económicas escalonadas.
Con el inicio del período de inscripción en noviembre de 2026, miles de empleados públicos deberán evaluar si el esquema propuesto se ajusta a su realidad previsional y laboral. El impacto final del programa en la estructura del Estado y en las cuentas públicas dependerá del nivel de adhesión que registre en los próximos meses.
