El Gobierno adjudicó el 90% de AySA por US$340 millones
NewsITe
El Gobierno nacional avanzó un paso decisivo en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al adjudicar el 90% del paquete accionario por US$340,2 millones a un consorcio integrado por cuatro firmas, entre ellas un fondo de inversión extranjero cuya estructura de propiedad aún no fue plenamente transparentada ante la opinión pública.
La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y fija el 13 de noviembre como fecha límite para rubricar el contrato de compraventa. Se trata de la instancia clave que definirá el traspaso efectivo del control de la principal empresa de agua y saneamiento del área metropolitana.
El consorcio adjudicatario está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su oferta superó en US$55,2 millones a la presentada por el grupo encabezado por Roggio, que había ofertado US$285 millones. El documento oficial señala que ambas propuestas resultaron “razonables” frente a la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), aunque no revela el monto de referencia ni el rango utilizado para la evaluación.
El rol del fondo extranjero y la falta de claridad accionaria
Uno de los puntos más sensibles de la operación está vinculado con PHX Aqua AR BV, sociedad constituida en los Países Bajos y relacionada con Phoenix Global Investment Fund BV, vehículo financiero radicado en Curaçao y administrado por Amicorp Fund Services NV. La presencia de este entramado internacional alimenta interrogantes sobre quiénes son, en definitiva, los beneficiarios finales del negocio.
En el mercado se sostiene que PHX concentraría el 55% del consorcio, mientras que Rowing tendría el 20%, Arcos Saneamento el 15% y Transclor el 10%. Sin embargo, la Resolución 1818/2026 no detalla cómo se reparte el capital entre los socios ni precisa qué firma acreditó los requisitos patrimoniales exigidos por el pliego de privatización.
Registros oficiales de los Países Bajos ubican a PHX Aqua AR BV en Zuidplein 28, Ámsterdam, con número de inscripción 42145160 y clasificada dentro del rubro de actividades financieras, con una dotación de apenas un empleado. La sociedad fue creada en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de las ofertas técnicas para AySA, lo que agrega cuestionamientos sobre su trayectoria y capacidad real.
Requisitos financieros y obligación de identificar controlantes
El pliego aprobado por la Resolución 704/2026 fijó condiciones estrictas de capacidad económica para los interesados. En su artículo 5.7.2 exige un patrimonio neto consolidado mínimo de US$300 millones y, en el caso de fondos de capital privado o estructuras de administración de activos, al menos US$1.000 millones en activos bajo gestión. Además, habilita que algunos requisitos se acrediten de manera conjunta cuando hay más de un participante en la oferta.
Al mismo tiempo, el artículo 5.7.1 obliga a identificar a todos los integrantes del consorcio y a las personas que ejercen su control, así como a dejar por escrito, en forma vinculante, la participación accionaria de cada socio en el futuro operador estratégico. Esa documentación debió presentarse en la primera etapa del proceso y fue considerada suficiente por la Comisión de Evaluación, que recomendó admitir a los dos consorcios que llegaron a la instancia final.
No obstante, las resoluciones administrativas conocidas hasta ahora no reproducen los porcentajes comprometidos ni explicitan qué empresa cumplió con cada uno de los requisitos patrimoniales. Fuentes consultadas indican que esa información podría encontrarse en circulares internas o actuaciones de subsanación que aún no fueron difundidas.
Los socios locales, el operador brasileño y los próximos pasos
Además de PHX, el consorcio ganador se completa con tres actores de peso en el sector. Rowing SA está vinculada al empresario Walter Román, mientras que Transclor SA, controlada por Mauricio Filiberti, es conocida por suministrar productos químicos para potabilización de agua y por su participación indirecta en Edenor, la distribuidora eléctrica asociada al exministro José Manzano.
La pata operativa recae en Arcos Saneamento e Participações SA, firma brasileña ligada al grupo Equipav, con antecedentes en la gestión de servicios de agua y saneamiento. El pliego establece que el operador técnico debe poseer al menos el 15% del consorcio, una condición que la Comisión de Evaluación dio por cumplida durante la preselección.
De acuerdo con el artículo 6 de la Resolución 1818/2026, antes del 13 de noviembre las cuatro compañías deberán constituir una nueva sociedad argentina, que será el operador estratégico y tendrá como objeto exclusivo adquirir y mantener las acciones de AySA. Esa firma será la titular de 135.000 acciones ordinarias Clase A, equivalentes al 90% del capital y de los votos de la empresa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
El precio deberá abonarse en la fecha de cierre y el contrato quedará perfeccionado con su firma. En caso de incumplimiento de las obligaciones previas por parte del adjudicatario, el Ministerio de Economía podrá ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, fijada en US$25 millones, y analizar la adjudicación del paquete al segundo oferente. Mientras tanto, el interrogante central persiste: quiénes están realmente detrás del fondo fantasma que se quedará con la mayoría en AySA.
