Amplio temario en Diputados: propiedad privada, discapacidad y deuda
NewsITe
La Cámara de Diputados de la Nación celebrará este martes una sesión especial con un temario cargado y políticamente sensible. En el orden del día figuran proyectos sobre inviolabilidad de la propiedad privada y Ley de Tierras, reforma integral del sistema de discapacidad, endeudamiento familiar, combate al vandalismo rural y creación de un sistema de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo.
El debate sobre propiedad privada llega tras las modificaciones introducidas por el peronismo en el Senado, que eliminó puntos vinculados a la Ley de Manejo del Fuego y a la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Ahora el oficialismo buscará restituir esa norma, manteniendo el límite del 30% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, y un tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.
El proyecto también endurece las reglas para las expropiaciones, al fijar un techo del 30% para el resarcimiento por lucro cesante, y reforma la ley de desalojos para acelerar la restitución de inmuebles usurpados. Incluye, además, cambios en la llamada ley “Pierri”, que permitirán acceder a la escritura de vivienda única a familias con diez años de posesión pacífica comprobable, y habilita ocupaciones temporarias por emergencias públicas bajo condiciones específicas.
Ley de Discapacidad: pulseada por la emergencia y el financiamiento
Otro punto fuerte será el proyecto de “Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que toma gran parte del esquema vigente pero le quita el carácter de emergencia y lo transforma en una ley de orden público, con normas permanentes más allá de cada gobierno.
La Libertad Avanza y sus aliados sostienen que se trata de una versión superadora, que mantiene beneficios como la compatibilidad entre pensión por discapacidad y empleo formal hasta cierto nivel de ingresos, la actualización de aranceles por movilidad jubilatoria y la cobertura médica básica. La oposición, en cambio, reclama prorrogar la emergencia hasta 2027, argumentando que da mayores herramientas a la Justicia para destrabar más de 300 mil solicitudes de pensión y pagos atrasados a prestadores.
Críticos del proyecto oficialista advierten que se endurecen requisitos para acceder a las pensiones, se delega en la reglamentación la evaluación de compatibilidad con el trabajo y no se garantiza de manera explícita el financiamiento ni el cancelamiento de deudas con los prestadores.
Deudas familiares y transparencia crediticia
En materia de endeudamiento familiar, el oficialismo impulsa la “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”. La iniciativa prioriza la información clara sobre créditos al consumo, en especial los de corto plazo y alto costo, y contempla herramientas como la precancelación, la trazabilidad de obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de entidades financieras y plataformas.
Un dictamen alternativo de Unión por la Patria y otros bloques propone declarar la emergencia por 180 días y crear un régimen de refinanciación obligatoria en al menos 12 cuotas para deudores con más de 60 días de mora, con límite del 30% de los ingresos destinados al pago de la cuota y tope a las tasas. También prevé condonar el 100% de los intereses punitorios y regular los intereses compensatorios, además de incorporar capítulos sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.
Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural
Con respaldo de todos los bloques, se tratará la creación del Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), bajo la órbita de la ANMAT. El proyecto surge como respuesta a la crisis del fentanilo contaminado de 2025, que dejó al menos 90 muertos y decenas de afectados, y obligará a trazar en tiempo real medicamentos inyectables de alto riesgo y sus materias primas, desde la importación y producción hasta la administración al paciente.
El sistema prevé registros digitales, un protocolo de eventos críticos y la obligación de notificar en menos de 24 horas a Nación, provincias y ANMAT ante sospechas de contaminación o efectos adversos graves. También habilita el bloqueo preventivo de lotes sospechosos en un máximo de seis horas y establece un régimen sancionatorio severo para quienes falseen u omitan datos.
Finalmente, se discutirá la incorporación de la figura de vandalismo rural al Código Penal, impulsada por el PRO y acompañada por LLA, UCR y bloques provinciales. La iniciativa plantea penas de hasta ocho años de prisión y fuertes multas para quienes dañen el ciclo productivo, insumos o infraestructura agropecuaria, en un contexto de reiterados ataques a silobolsas y otros bienes del sector.
La sesión promete un cruce intenso entre oficialismo y oposición, con impacto directo en la agenda económica, social y productiva del país.
