La Justicia de San Luis ordena recomponer salarios de magistradas
NewsITe
El gobierno de San Luis, encabezado por Claudio Poggi, recibió un fuerte tirón de orejas judicial por el deterioro de los haberes de dos juezas provinciales. La Cámara de Apelaciones local confirmó que se vulneró la garantía de intangibilidad de las remuneraciones y dispuso una reparación con alcance retroactivo desde febrero de 2024, en un fallo que vuelve a poner bajo la lupa la independencia del Poder Judicial frente a los ajustes salariales.
La resolución, dictada el 16 de octubre y difundida públicamente el 19, corresponde al expediente 425875/24 iniciado por dos magistradas y tres secretarias judiciales contra el Superior Gobierno de la Provincia. De acuerdo con la información conocida por la Agencia Noticias Argentinas, los conjueces analizaron en detalle los recibos de haberes, la evolución del costo de vida y otros indicadores económicos para determinar el impacto real de la pérdida de poder adquisitivo.
Tras ese análisis, la Cámara concluyó que, en el caso de las dos juezas, se verificó un deterioro sostenido del salario que excede una simple discusión paritaria y se proyecta sobre una protección constitucional específica: la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados, entendida como un resguardo para garantizar su independencia frente a presiones políticas o presupuestarias.
Alcance del fallo y límites de la reparación
En primera instancia, la demanda ya había obtenido una respuesta favorable. Sin embargo, tanto las reclamantes como la Fiscalía de Estado apelaron. La Cámara terminó modificando parcialmente ese pronunciamiento: amplió la retroactividad del reconocimiento, que originalmente se remontaba a noviembre de 2024, y la fijó finalmente desde febrero de este año. Al mismo tiempo, excluyó a las tres secretarias judiciales del paraguas de la garantía de intangibilidad, por considerar que esa protección está reservada a quienes ejercen la función jurisdiccional.
La defensa del Estado provincial había puesto el foco en las restricciones económicas y presupuestarias que atraviesa San Luis, y cuestionó además la prueba presentada por las actoras. Para los conjueces, esas dificultades financieras pueden ser tenidas en cuenta al momento de instrumentar la solución, pero no alcanzan para dejar sin efecto un mandato constitucional claro.
En ese sentido, el fallo recordó el artículo 192 de la Constitución de San Luis, que protege la remuneración mensual de los magistrados e impide su reducción, salvo descuentos previsionales u otras deducciones de carácter general. La Cámara vinculó esta cláusula con el principio de independencia judicial, un pilar del sistema republicano que, remarcaron, no puede quedar supeditado al ciclo económico de los gobiernos de turno.
Sin aumentos generales ni equiparaciones
El tribunal aclaró que la decisión no establece un porcentaje de aumento general para todo el Poder Judicial ni dispone una equiparación automática con los salarios de otras jurisdicciones. El alcance concreto de la reparación se limita a las dos magistradas que promovieron el amparo, y deberá ser calculado en función de la pérdida sufrida desde febrero de 2024.
En materia de costas, la sentencia de segunda instancia distribuyó la carga de los gastos de apelación con un 80% a cargo del Estado provincial y el 20% restante para la parte actora. Con ello, dejó firme el reconocimiento de la afectación salarial para las juezas, sentando un antecedente relevante de cara a futuros reclamos en el fuero local.
La Cámara reiteró que las dificultades fiscales no autorizan a desconocer garantías de jerarquía constitucional, en especial cuando están ligadas a la independencia de jueces y juezas.
Si bien el fallo no se proyecta de inmediato a todo el personal judicial, especialistas consultados advierten que podría funcionar como referencia en eventuales demandas colectivas o individuales de otros funcionarios y empleados que consideren que sus haberes quedaron rezagados frente a la inflación.
