El Concejo Deliberante ramallense aprobó por mayoría el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado. La oposición cuestionó la falta de precisiones sobre los permisos, el alcance del gravamen, los recorridos habilitados y el destino de la recaudación. También reclamó por mayor participación de los sectores afectados.
El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó este jueves la ordenanza que crea el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), en una sesión atravesada por diferencias sobre la aplicación de la normativa y la discusión que ya existe en torno al cobro vinculado a la circulación de camiones. Fuerza Patria y Juntos por Ramallo votaron a favor, mientras que Hechos y la Vecinal 24 de Octubre rechazaron el proyecto.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de reglas precisas para otorgar los permisos de circulación. Desde la oposición advirtieron que la ordenanza deja aspectos importantes en manos del Departamento Ejecutivo, como las condiciones de acceso, los costos, la duración de las autorizaciones y los motivos por los cuales podrían rechazarse. Según plantearon, esa falta de definiciones podría generar discrecionalidad y conflictos con transportistas y empresas.
También hubo críticas sobre el gravamen previsto en el artículo 246 del Código Tributario. Se señaló que no estaría suficientemente aclarado si el cobro corresponde a cada paso por el pórtico o si existe una autorización con vigencia de 24 horas. La diferencia entre lo establecido en la normativa y las explicaciones sobre su funcionamiento alimentó las dudas y los reclamos por mayor transparencia.
Otro foco de discusión fueron los recorridos obligatorios, especialmente en la zona de la Ruta 51 y el acceso a la rotonda proyectada. Se advirtió que las restricciones podrían generar inconvenientes para los camiones que necesiten llegar hasta ese sector y regresar, con el riesgo de recibir multas si no cuentan con el permiso correspondiente.
La oposición también cuestionó que el expediente no regresara a comisión para convocar a transportistas, empresarios, representantes industriales, productores agropecuarios y trabajadores camioneros. Además, reclamó un plano georreferenciado que identifique claramente los corredores habilitados, los accesos y las zonas de carga y descarga.
Desde el oficialismo defendieron el tratamiento legislativo y sostuvieron que la iniciativa unifica ordenanzas anteriores. También destacaron modificaciones que establecen que la recaudación deberá destinarse a infraestructura vial e hídrica y a programas de seguridad vial, con partidas específicas para facilitar su control.
La controversia se inscribe en una discusión más amplia sobre el alcance de los cobros al transporte pesado en Ramallo, las obligaciones de quienes ingresan al distrito y la transparencia en el uso de los recursos. Con la aprobación de la ordenanza, el desafío será despejar las dudas planteadas y garantizar que las nuevas reglas sean claras para transportistas y sectores productivos.
