Los vecinos de Ramallo exigen respuestas por la falta de controles y gestión en el tránsito de la ciudad, mientras agregan tasas e impuestos que no saben a dónde van dirigidos.
En Ramallo se está instalando una discusión difícil de esquivar: mientras el Gobierno municipal avanza con nuevos mecanismos de cobro al tránsito pesado y mayores ingresos tributarios, los reclamos por la falta de controles, ordenamiento y prevención en las calles de la ciudad se multiplican. La contradicción no está en cobrar tasas o fiscalizar: está en la percepción de que la capacidad del Estado aparece con mayor rapidez cuando se trata de recaudar que cuando se trata de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.
El nuevo sistema para el transporte pesado es el ejemplo más evidente. La denominada Tasa de Tránsito Pesado, vigente desde 2002 según la explicación oficial, comenzó a aplicarse de manera generalizada mediante un sistema de pórticos y tecnología TAG. El propio Municipio reconoce que ampliar su aplicación a todos los camiones permitirá incrementar la recaudación. Ramallo
La discusión además escaló hasta la FADEEAC, que denunció ante la Secretaría de Transporte de la Nación los mecanismos de cobro y cuestionó tanto la tasa vial del 2% sobre el combustible como los valores vinculados al sistema de pesaje y acceso. La entidad llegó a solicitar la suspensión de los esquemas cuestionados. La Voz de Ramallo
Mientras tanto, en las calles de Ramallo y Villa Ramallo persisten problemas básicos de tránsito. El propio Concejo Deliberante tuvo que reclamar al Ejecutivo por la falta de implementación de una ordenanza aprobada en 2024 para reorganizar la circulación en calles de Villa Ramallo. La normativa contemplaba cambios de sentido, demarcación y adecuaciones para mejorar la circulación y el acceso a servicios esenciales. Casi dos años después, seguía sin aplicarse. La Voz de Ramallo
La situación se repite con las motocicletas. Los vecinos denuncian ruidos molestos, escapes libres, picadas y circulación peligrosa durante la madrugada. El propio subsecretario de Seguridad, Lautaro Correa, reconoció que las motos constituyen una problemática persistente y explicó que los grupos se desplazan de un sector a otro cuando aparecen los operativos.
También resulta llamativo que exista tecnología para controlar automáticamente el ingreso de un camión y generar un cobro, mientras el control cotidiano de una moto con escape libre continúa dependiendo de operativos puntuales. El Municipio anunció incluso multas más severas y señaló que las actuaciones son derivadas al Juzgado de Faltas, pero los reclamos vecinales muestran que el problema continúa.
La cuestión de fondo es política y administrativa: ¿qué prioridad tiene el ordenamiento del tránsito dentro de las prioridades de gestión?
Porque cobrar una tasa requiere sistemas tecnológicos, pórticos, registros y seguimiento. Ordenar las calles también requiere planificación, presencia territorial, inspectores, controles nocturnos, sanciones efectivas y seguimiento de los infractores.
Los vecinos no cuestionan solamente cuánto pagan. También preguntan qué reciben a cambio y quién controla que las reglas se cumplan.
Y allí aparece la contradicción que alimenta el malestar: un Estado municipal que muestra capacidad para desarrollar mecanismos destinados a ampliar la recaudación sobre quienes ingresan con camiones al distrito, pero que todavía tiene dificultades para hacer cumplir normas básicas de tránsito dentro de sus propias ciudades.
La discusión no debería ser recaudación o controles. Deberían existir ambas cosas: un Municipio capaz de cobrar cuando corresponde, pero también de ordenar, prevenir, fiscalizar y sancionar cuando los vecinos necesitan que las reglas se cumplan.
