El Gobierno estudia una demanda internacional por el ataque a la mutual judía

NewsITe
El Gobierno nacional analiza impulsar una denuncia contra la República Islámica de Irán ante tribunales internacionales por el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La iniciativa fue confirmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras una reunión con autoridades de la mutual judía en la Ciudad de Buenos Aires.
Mahiques detalló que el encuentro tuvo como eje la evaluación de “posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales” para avanzar en la búsqueda de responsabilidades estatales por el ataque terrorista. Según recordó, la posición histórica de la Justicia argentina apunta a que Irán estuvo detrás de la planificación del atentado, ejecutado a través de la organización terrorista Hezbollah.
“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación mantenemos un compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”, enfatizó el funcionario en sus redes sociales, al remarcar que, a tres décadas del ataque, el reclamo de justicia sigue siendo una deuda pendiente del Estado argentino.
Posible presentación ante la Corte Penal Internacional
La alternativa que se analiza en la Casa Rosada es llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, como un paso complementario a las causas que se tramitan en la Argentina. La AMIA, por su parte, agradeció públicamente la voluntad política del Gobierno para “analizar y evaluar esta importante iniciativa que profundiza la búsqueda de justicia”.
La eventual denuncia internacional se sumaría al avance del juicio en ausencia que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py. En ese proceso, el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho ciudadanos iraníes y libaneses, a los que consideró responsables mediatos o cómplices del atentado, y trabó embargos por 500 millones de dólares a cada uno.
Los acusados y el avance de las causas
Entre los señalados como autores mediatos figuran Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, ex canciller iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, actual comandante de la fuerza Al Quds de esa misma guardia. Todos ellos son apuntados como parte de la estructura de decisión que habría definido el ataque contra la mutual judía en Buenos Aires.
También fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, referente religioso fundamentalista que se desempeñó como consejero cultural de la embajada iraní, y Ahmad Asghari, ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. A este grupo se suma Salman Raouf Salman, un agente libanés de Hezbollah acusado de coordinar la fase final del atentado.
- Juicio en ausencia con ocho imputados iraníes y libaneses.
- Embargos millonarios por 500 millones de dólares a cada acusado.
- Se estudia una denuncia ante la Corte Penal Internacional.
- La AMIA respalda la iniciativa y reclama verdad y justicia.
Rafecas también impulsa que sea llevado a juicio Alí Asghar Hejazi, ex mano derecha del entonces líder supremo iraní Alí Jamenei. De acuerdo con la hipótesis judicial, Hejazi habría estado a cargo de los preparativos del ataque y sería quien definió la fecha precisa en la que se ejecutó el atentado contra la sede de la mutual.
“Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Estado argentino con el esclarecimiento de uno de los ataques terroristas más graves de su historia y la búsqueda de reparación para las víctimas”, señalan fuentes oficiales.
A casi 30 años del atentado, el expediente AMIA continúa siendo uno de los casos más sensibles y complejos del sistema judicial argentino. El posible giro hacia tribunales internacionales abre un nuevo capítulo en la larga búsqueda de responsabilidades y podría reubicar el caso en la agenda diplomática global, en medio de un contexto internacional marcado por las tensiones en Medio Oriente y los reclamos por mayores estándares de lucha contra el terrorismo.

