El Ejecutivo insiste en sostener el decreto que frenó la ley
NewsITe
El Gobierno nacional resolvió apelar el fallo de la Justicia federal que declaró inconstitucional el decreto que suspendió la Ley de Financiamiento Universitario y que lo obligaba a cumplir de inmediato con esa normativa. La presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano ante la Cámara correspondiente, lo que abre una nueva etapa en la disputa por los recursos destinados a las universidades públicas.
El recurso cuestiona la decisión del juez Martín Cormick, quien había dejado sin efecto el Decreto 759/2025 al considerar que la medida del Poder Ejecutivo generaba un “gravamen irreparable” para el sistema universitario. Al suspender los efectos del decreto, el magistrado ordenó ejecutar la ley vigente de financiamiento, lo que implicaba una actualización de partidas y obligaciones presupuestarias para el Estado nacional.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el fallo produce “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”, al disponer la aplicación de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.
En la apelación, el Ministerio de Capital Humano plantea que el cumplimiento pleno e inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario tendría “efectos presupuestarios de gran magnitud” y podría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Según los fundamentos del escrito, la normativa cuestionada no prevé una “fuente de financiamiento específica y suficiente” para afrontar el aumento de recursos reclamado por las universidades.
Disputa abierta entre la política educativa y el ajuste fiscal
El debate se da en un contexto de fuerte tensión entre las autoridades nacionales y el sistema universitario, que desde hace meses viene reclamando previsibilidad presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las instituciones, el pago de salarios y el sostenimiento de becas y programas de investigación. Rectores y organizaciones estudiantiles advierten que un recorte prolongado de fondos puede afectar el normal dictado de clases y el desarrollo científico y tecnológico del país.
Para el Poder Ejecutivo, en cambio, cualquier incremento significativo del gasto debe ser evaluado en el marco de la política de ajuste y ordenamiento fiscal que impulsa el Gobierno. En ese marco, la Casa Rosada busca que la Cámara revoque el pronunciamiento de primera instancia y restituya la vigencia del decreto que había frenado la ley.
- La Justicia declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
- El Gobierno apeló el fallo y advirtió sobre el impacto fiscal de la medida.
- Las universidades reclaman certidumbre y actualización de partidas para garantizar su funcionamiento.
“El cumplimiento de la normativa proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, sostuvo el Gobierno en su presentación.
Ahora será la Cámara la que deba resolver si confirma o revoca el fallo de Cormick. Hasta entonces, la discusión sobre el financiamiento universitario seguirá en el centro de la agenda política y judicial, mientras las casas de estudio permanecen a la expectativa de una definición que condicionará su funcionamiento durante el próximo año académico.
