Un régimen clave bajo la lupa de los economistas
NewsITe
Un informe de la consultora EcoGo puso números sobre la mesa respecto del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares de la estrategia oficial para atraer capitales de largo plazo. Según el trabajo, para que el esquema no implique un perjuicio para las cuentas públicas, se requiere que al menos un 33% de la inversión total sea verdaderamente adicional, es decir, que solo ocurra gracias a la existencia del régimen.
De acuerdo con el estudio, el RIGI cuenta hoy con 23 proyectos aprobados formalmente, que suponen anuncios por US$39.429 millones y un capital computable de US$33.837 millones. Si se incluyen las iniciativas en evaluación y las ya anunciadas, el universo potencial trepa a US$209.247 millones, con fuerte presencia de proyectos ligados a los sectores de energía e infraestructura.
EcoGo estimó que, para esos 23 proyectos, el gasto tributario a valor presente asciende a US$8.493 millones, con un pico anual cercano a US$1.600 millones en 2035, equivalente a cerca del 0,25% del PBI actual. Si se consideran todos los proyectos identificados, la pérdida potencial de ingresos fiscales podría rondar el 0,65% del producto, siempre bajo supuestos de plena ejecución.
Sin embargo, la consultora remarca que el gasto tributario no debe confundirse con el costo fiscal neto. El punto clave es cuánta inversión realmente se genera gracias al régimen. En ese escenario, EcoGo calcula que los 23 proyectos aprobados aportarían una recaudación de US$17.499 millones a valor presente, frente a los US$8.493 millones de impuestos resignados, siempre que se verifique el nivel de adicionalidad requerido.
Quién gana y quién pierde con el RIGI
El análisis concluye que el equilibrio fiscal se alcanza con un umbral de adicionalidad del 32,7%. En términos simples, si uno de cada tres dólares invertidos no existiría sin el RIGI, la recaudación asociada a esa inversión extra compensa las exenciones impositivas otorgadas sobre el conjunto. Por encima de ese umbral, el impacto fiscal pasa a ser positivo; por debajo, la balanza se inclina hacia el rojo.
La foto cambia si se observa la distribución entre Nación y provincias. De los US$8.493 millones resignados en los proyectos aprobados, US$6.231 millones corresponden al fisco nacional, que cede recursos provenientes de derechos de exportación, aranceles de importación e impuesto al cheque. Las provincias, en cambio, conservan regalías y tributos locales, además de lo que captan vía coparticipación.
- Las provincias receptoras de proyectos necesitan apenas un 17,7% de adicionalidad y, según el informe, recaudan 4,6 veces lo que resignan.
- Las provincias sin proyectos requieren un 32,1% de adicionalidad y logran recaudar 2,1 veces lo cedido.
- La Nación enfrenta la vara más alta: necesita una adicionalidad del 38,5% y solo recauda 1,6 veces lo que deja de percibir.
EcoGo también amplió el ejercicio a 39 proyectos identificados, por US$87.409 millones de inversión anunciada. En este escenario, el gasto tributario a valor presente subiría a US$24.175 millones, frente a una recaudación esperada de US$50.542 millones. La adicionalidad consolidada requerida se mantiene cerca del 32,4%, pero el umbral para la Nación trepa al 44,4%, mientras que para las provincias receptoras baja al 13,7%, en buena medida por el peso de los proyectos hidrocarburíferos, que concentran la renuncia impositiva en tributos nacionales y dejan las regalías en las jurisdicciones productoras.
“El régimen tiene un impacto relevante sobre la rentabilidad de proyectos intensivos en capital y no necesita que toda la inversión sea adicional para cerrar fiscalmente”, señaló la consultora, aunque advirtió que el desafío es maximizar la inversión nueva genuina y el derrame sobre proveedores, empleo e infraestructura.
En este contexto, el debate sobre el RIGI se encamina a girar no solo en torno al volumen de anuncios, sino a la calidad y la adicionalidad de las inversiones efectivamente realizadas, así como al reparto de beneficios y costos fiscales entre la Nación y las provincias.
