El Gobierno define mañana el futuro de AySA en el AMBA
NewsITe
El Gobierno nacional se apresta a dar un paso clave en su programa de privatizaciones: este lunes definirá la concesión del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa responsable del suministro de agua potable y del servicio de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión se enmarca en la Ley de Bases, que declaró a la compañía como “sujeta a privatización”, y forma parte del programa financiero del Ministerio de Economía, que espera recibir alrededor de U$S 500 millones por la operación.
La licitación, instrumentada bajo la modalidad de etapa múltiple y sin base, apunta a transferir a un único operador estratégico la totalidad de las acciones que hoy pertenecen al Estado nacional, equivalentes al 90% del capital social de la firma. En las últimas horas se aprobaron las ofertas técnicas de los dos consorcios que siguen en carrera, y mañana, a las 10, en el Ministerio de Economía, se abrirán los sobres con las propuestas económicas.
Dos grupos empresarios en disputa por el control de AySA
Los grupos que compiten por la concesión son Rowing S.A. y Roggio ROAS S.A.U. La propuesta de Rowing S.A. incluye a Transclor, empresa del empresario Mauricio Filiberti, histórica proveedora de productos químicos para la potabilización del agua; a Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; y a PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.
Del otro lado aparece Roggio ROAS S.A.U., sociedad asociada al Grupo Roggio, integrado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Este holding ya opera Aguas Cordobesas en la provincia de Córdoba y cuenta con antecedentes en servicios urbanos e infraestructura, lo que fortalece su posicionamiento en el sector de agua y saneamiento.
Inversiones, metas de cobertura y marco regulatorio
Según se desprende de los pliegos licitatorios, la futura concesionaria de AySA deberá encarar un programa de inversiones superior a los U$S 2.000 millones entre 2027 y 2031. El plan contempla obras de expansión de redes, mantenimiento de la infraestructura existente y mejoras en los sistemas de distribución de agua potable y desagües cloacales.
Las metas intermedias fijadas para 2031 prevén alcanzar una cobertura de 75,3% en agua potable y de 63,9% en cloacas dentro del área de concesión. Al cierre del contrato —cuyo plazo inicial será de 30 años, con posibilidad de prórroga— se exigirá llegar, como mínimo, al 90% de cobertura de agua potable y al 75% de cobertura de servicios cloacales.
El proceso también incorpora definiciones centrales sobre la estructura tarifaria, las fuentes de financiamiento de las obras y los mecanismos de control regulatorio. En este punto, el rol del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) será clave para monitorear el cumplimiento de las inversiones y la calidad del servicio que preste el futuro operador privado.
El rol de Mauricio Filiberti y los eventuales conflictos de interés
Una de las figuras que concita mayor atención en el proceso es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, firma que abastece a AySA de insumos químicos utilizados en la potabilización del agua, como derivados de cloro-soda y policloruro de aluminio. Al mismo tiempo, Transclor forma parte del consorcio encabezado por Rowing S.A., lo que abre interrogantes sobre la forma en que se organizarán, en caso de resultar adjudicatario, las compras de insumos y los vínculos con proveedores relacionados.
Filiberti también participa en Edenor, distribuidora eléctrica que cuenta a AySA entre sus grandes clientes industriales, debido al alto consumo energético de las plantas de potabilización, estaciones de bombeo, redes y plantas depuradoras. Analistas del sector advierten que, de concretarse la adjudicación, será fundamental la transparencia en los contratos con empresas vinculadas y la existencia de reglas claras para garantizar la competencia entre proveedores.
Audiencia pública y ajuste de tarifas en medio de la concesión
En paralelo al proceso de privatización parcial, el ERAS convocó para el 26 de octubre a una audiencia pública destinada a debatir la propuesta de actualización de los coeficientes zonales y del régimen tarifario presentada por AySA. El llamado se formalizó mediante su publicación en el Boletín Oficial y se da en un contexto en el que el esquema tarifario no ha tenido una revisión integral desde su diseño original.
La compañía propone una simplificación del sistema zonal para los usuarios del régimen no medido: plantea reducir los actuales 11 coeficientes que van de 1,10 a 3,50, a solo 5 niveles, que oscilarían entre 0,75 y 2,75. El rediseño apunta a mejorar la progresividad y a reflejar con mayor precisión las realidades socioeconómicas y de infraestructura de cada zona del AMBA.
Controles ambientales y calidad del agua
En otro frente vinculado a la calidad del servicio, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento adjudicó por hasta $275,8 millones la contratación de un servicio de extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes a la firma Estudio Ecológico Industrial SRL. El contrato tendrá una vigencia de 12 meses, con posibilidad de prórroga, e incluirá controles sobre agua potable, redes cloacales y plantas depuradoras.
Estos estudios son considerados una pieza central del sistema de control ambiental y sanitario, ya que permiten verificar el cumplimiento de los parámetros de potabilidad y de tratamiento de efluentes, así como monitorear el impacto de la futura gestión privada sobre la calidad del agua y del servicio en general.
La licitación de AySA se inscribe en la Ley de Bases y en la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que habilitan la privatización de empresas públicas estratégicas bajo marcos regulatorios específicos.
Con la definición del nuevo concesionario, el Gobierno busca no solo obtener recursos frescos para su programa financiero, sino también consolidar un nuevo esquema de gestión para un servicio esencial en el AMBA. El desempeño del adjudicatario, el funcionamiento del marco regulatorio y el resultado de la discusión tarifaria serán determinantes para evaluar el impacto de este cambio en millones de usuarios.
