La Justicia avanza sobre los bienes de Sur Finanzas
NewsITe
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la entrega de 24 vehículos pertenecientes a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y señalado por sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Las unidades pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para garantizar su preservación ante un eventual decomiso.
Entre los bienes alcanzados por la medida se destaca una Ferrari California descapotable, además de otras unidades de alta gama y tres motos. La resolución forma parte de una investigación más amplia que analiza presuntas maniobras de evasión fiscal, lavado de activos y usura, en el marco del funcionamiento de Sur Finanzas y sus ramificaciones en el fútbol argentino.
Según la resolución a la que accedió Noticias Argentinas, el magistrado otorgó un plazo de tres días a Vallejo para poner a disposición del máximo tribunal todos los rodados. El objetivo declarado es “garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo”, en línea con las facultades que contempla la legislación para causas de criminalidad económica.
Una batería de medidas sobre la trama financiera
La orden sobre los vehículos se inscribe en un paquete de 41 medidas de prueba que Rodríguez Ponte dispuso en la causa por el manejo de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP. La firma está en la mira por presunto lavado de dinero y por su relación con la AFA y con distintos clubes del fútbol argentino, donde habría intervenido como engranaje financiero.
En paralelo, el juez solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires un informe detallado sobre bienes a nombre de personas físicas, clubes y sociedades bajo investigación. También requirió información a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), con el fin de trazar un mapa patrimonial completo.
Otra de las decisiones relevantes fue la prohibición a Vallejo de prestar cualquier tipo de servicio financiero, ya sea de manera directa o a través de terceros. La restricción incluye la participación como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico en proveedores de servicios de pago (PSP) o en otras entidades del sector, en un intento de frenar posibles maniobras futuras.
Inmovilización de cuentas y foco en una oficina clave
Rodríguez Ponte ordenó, además, la tasación de la oficina que Sur Finanzas poseía en la localidad de Adrogué. El propósito es comparar el valor declarado en la escritura de compra con el precio real de mercado, ante la sospecha de que se hayan utilizado esos bienes raíces para encubrir movimientos de fondos irregulares.
En la misma línea, el juez dispuso la inmovilización de cuentas bancarias, billeteras virtuales y fondos vinculados tanto a Sur Finanzas Group como a Sur Finanzas PSP. Estas medidas buscan asegurar activos que podrían ser objeto de decomiso en caso de que se comprueben las maniobras de lavado y evasión que se investigan.
La causa se convirtió en una de las más sensibles del fuero federal por su cruce entre el sistema financiero informal y el negocio del fútbol argentino.
Mientras avanzan los requerimientos a organismos de control y registros públicos, la investigación se centra ahora en reconstruir el flujo del dinero que habría circulado a través de Sur Finanzas y determinar hasta qué punto el entramado impactó en las finanzas de entidades deportivas y actores relevantes del fútbol nacional.
