Diputados, tensiones y maniobras en torno al mega DNU
NewsITe
El oficialismo activó una intensa ofensiva política en la Cámara de Diputados para evitar que la oposición avance con la sesión especial convocada para el 15 de octubre, en la que intentará derogar el DNU 70/23 y revertir la reciente validación de la Corte Suprema al artículo 154 de la Ley de Tierras, que habilita la extranjerización sin límites de tierras rurales.
El pedido de sesión de Unión por la Patria y bloques aliados dejó en alerta a la Casa Rosada, que considera al mega decreto como uno de los pilares del andamiaje jurídico del modelo económico libertario. El Gobierno busca contener a los espacios dialoguistas y desactivar los puentes que puedan facilitar el quórum opositor de 129 votos necesario para tratar y eventualmente derribar el DNU.
El DNU 70/23 no solo derogó la Ley de Tierras, sino también normas de alto impacto cotidiano como la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y el régimen de Compre Nacional. Además, eliminó controles sobre las cuotas de la medicina prepaga, disolvió la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), abrió la puerta a la privatización parcial de Aerolíneas Argentinas, impulsó la política de “cielos abiertos”, simplificó el régimen de importaciones y exportaciones y quitó topes a los intereses punitorios de las tarjetas de crédito.
Calendario parlamentario y desconfianzas cruzadas
Horas antes de la formalización del pedido opositor, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, transmitió a los bloques aliados la intención de abrir el recinto el 21 de octubre para tratar dos expedientes sensibles: los proyectos sobre Discapacidad y sobreendeudamiento familiar. La oposición incluyó deliberadamente esos mismos temas en la sesión del 15 de octubre para atraer apoyos y facilitar el quórum.
Sin embargo, por el momento la única convocatoria formal para discutir esos asuntos es la que impulsa la oposición. Los sectores dialoguistas miran con recelo la falta de confirmación oficialista para el 21 y también el contenido de los dictámenes de mayoría: en Discapacidad, el texto choca con artículos del proyecto de Presupuesto que recortan recursos al sector; en endeudamiento familiar, se cuestiona que la respuesta se limite a medidas de educación financiera sin soluciones concretas para los más de seis millones de personas en mora con el sistema financiero.
En la Casa Rosada hubo inicialmente temor a una derrota legislativa que obligara a ceder en materia de tierras rurales. Pero, con el correr de las horas, el clima interno mejoró al constatar que Unión por la Patria y sus aliados estaban lejos de reunir los votos necesarios. La preocupación se trasladó entonces al terreno político y a la eventual presión social en las calles, con protestas convocadas por organizaciones que cuestionan la extranjerización de tierras y la desregulación económica.
Presión en las calles y disputa por la soberanía
En la oposición creen que el clima social a favor de la soberanía territorial, revitalizado en los últimos años y asociado también a la reivindicación de las Islas Malvinas, puede traducirse en una fuerte movilización callejera en la previa del 15 de octubre. Esa presión, evalúan, podría empujar a diputados hoy indecisos a respaldar la caída del DNU 70/23 o, al menos, a marcar distancia de algunos de sus capítulos más polémicos.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei desarrolla en París la denominada Argentina Week, un road show de inversiones junto a trece mandatarios provinciales —entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri— para exhibir ante empresarios extranjeros las supuestas ventajas competitivas del país bajo el nuevo esquema desregulado. En ese contexto, el Gobierno trabaja para consolidar el apoyo de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), que podrían influir en el comportamiento de sus legisladores en la Cámara baja.
El desenlace de esta pulseada legislativa definirá no solo el futuro inmediato del DNU 70/23, sino también la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. De un lado, el Gobierno busca preservar su programa de reformas; del otro, los bloques opositores intentan mostrarse como dique de contención frente a la extranjerización de tierras, la pérdida de regulaciones económicas y el impacto social de la desregulación.
“La divisoria es entre quienes apoyamos a los discapacitados, a los endeudados y a la soberanía territorial del país, y quienes están por la lógica de la crueldad de Estado y la extranjerización de las tierras”, resumió un diputado de Unión por la Patria al describir el trasfondo político de la disputa.
Más allá de las especulaciones de unos y otros, en la oposición reconocen que hoy la balanza se inclina a favor del oficialismo. La sesión del 15 de octubre, señalan, servirá al menos para aplicar el “principio de revelación” que pregona Milei: dejar expuesto, en el tablero de Diputados, quién se para de cada lado de la raya.
