El fiscal general boliviano desafía la sanción de Washington
NewsITe
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocarle la visa a él y a otros 12 ciudadanos bolivianos, en el marco de una política de sanciones contra presuntos funcionarios corruptos en la región. El funcionario judicial, que encabeza la investigación conocida como caso Cerimedo, calificó la medida como una injerencia en la soberanía del país andino.
En una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional, Mariaca sostuvo que la determinación norteamericana no alterará el rumbo de las pesquisas que lleva adelante el Ministerio Público boliviano. “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, remarcó el fiscal al fijar su postura frente a Washington.
La Casa Blanca, a través del Departamento de Estado, argumentó que el fiscal general abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y permitir que criminales violentos evadan a la Justicia. Estas acusaciones se enmarcan en una política de restricciones de visas que también alcanza a funcionarios y exfuncionarios de Colombia, Ecuador y Perú, a quienes Estados Unidos señala por hechos de corrupción o por socavar gobiernos democráticamente elegidos.
Reacción del Gobierno boliviano y pedido de información
Ante el impacto político de la medida, el Gobierno de Bolivia anunció que solicitará a Washington información detallada y elementos probatorios sobre las acusaciones contra los 13 ciudadanos afectados. Según trascendió, la administración de Luis Arce pretende que esa documentación sea puesta a disposición de las autoridades judiciales del país para impulsar, en caso de corresponder, investigaciones internas.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, consideró “muy graves” las imputaciones contra el fiscal general y los demás señalados, y subrayó que el Estado boliviano debe tener acceso a todos los antecedentes que motivaron la decisión estadounidense. En la misma línea, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, confirmó que se abrirá una investigación sobre la lista difundida por Estados Unidos y advirtió que se tomarán las medidas necesarias para que las personas mencionadas comparezcan ante la Justicia local.
El caso Cerimedo y otros expedientes sensibles
Mariaca insistió en que la revocación de su visa no condicionará su rol institucional ni las causas que tiene bajo su órbita. “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, aseguró. Entre los expedientes de mayor peso se encuentra el proceso contra Fernando Cerimedo, ex asesor personal del presidente Rodrigo Paz, detenido en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro.
Además, el fiscal general tiene a su cargo investigaciones vinculadas a las denominadas “narcomaletas” y a irregularidades en el manejo de combustibles, casos que desataron una fuerte controversia política en Bolivia por sus eventuales conexiones con redes de narcotráfico y posibles maniobras de corrupción estatal. En este contexto, la sanción migratoria de Estados Unidos agrega presión internacional sobre el Ministerio Público boliviano y abre un nuevo capítulo en la ya tensa relación diplomática entre La Paz y Washington.
“Una decisión migratoria de otro Estado no puede condicionar mis atribuciones constitucionales”, enfatizó Mariaca, al ratificar que continuará con todas las investigaciones en curso pese a las acusaciones en su contra.
Mientras el Gobierno boliviano avanza con pedidos formales de información y la Justicia sostiene la continuidad de sus causas más sensibles, el debate sobre la frontera entre cooperación internacional y posible injerencia externa vuelve a instalarse en la agenda regional.
