El oficialismo avanzó con una ley permanente para el sistema de Discapacidad
Tras un giro político de último momento, el oficialismo logró imponer su posición en la Cámara de Diputados y obtuvo el dictamen de mayoría sobre el nuevo sistema de Discapacidad. El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza y acompañado por bloques aliados, busca transformar la actual ley de emergencia en un régimen nacional permanente, con alcance en todo el país.
El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda reunió 42 firmas a favor de la iniciativa, lo que permitió al oficialismo imponerse sobre la propuesta de la oposición, que pretendía prorrogar por un año más la vigencia de la ley 27.793, que caduca el 31 de diciembre próximo.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado fue la encargada de presentar el texto acordado entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID, Producción y Trabajo y La Neuquinidad. La legisladora definió la iniciativa como una “ley superadora” que recoge la mayor parte de los beneficios previstos en la emergencia, pero los convierte en una política de carácter permanente, dejando atrás la excepcionalidad.
Rodríguez Machado remarcó que el dictamen reafirma los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento jurídico argentino, y destacó que se respeta el criterio de no regresividad de los derechos adquiridos. En esa línea, sostuvo que el objetivo es terminar con la incertidumbre periódica en torno a las prórrogas de la emergencia.
Compatibilidad de pensiones, aranceles y críticas cruzadas
Uno de los puntos centrales del proyecto es la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el trabajo registrado. De acuerdo con lo explicado en el plenario, las personas con discapacidad podrán mantener su pensión aun cuando tengan un empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos, lo que busca promover la inclusión laboral sin pérdida de derechos.
El texto también ratifica la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador de prestaciones, tema especialmente sensible para familias, terapeutas y prestadores. Además, se establece que el derecho a cobrar compensaciones adeudadas continuará vigente aunque concluya la emergencia, y que esos pagos deberán ser regularizados mediante un cronograma específico.
- Mantenimiento de la mayoría de los beneficios de la ley de emergencia.
- Transformación de un régimen transitorio en una norma permanente.
- Compatibilidad entre pensión por discapacidad y empleo registrado.
- Ratificación de la homogeneidad de los aranceles del nomenclador.
Sin embargo, el cambio de postura del oficialismo desató fuertes cuestionamientos de la oposición. Desde Provincias Unidas, la diputada María Inés Zigarán calificó de “insólito” el giro del Gobierno y marcó que el proyecto no había seguido el tratamiento regular en comisión. Unión por la Patria insistió con la necesidad de prorrogar la emergencia hasta 2027 y reclamó mayores garantías presupuestarias para el sector.
“El Gobierno y sus diputados dieron una verdadera vuelta carnero en el aire después de haber enviado un Presupuesto que buscaba destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos de las personas con discapacidad”, cuestionó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Desde el peronismo, Eduardo Valdés condicionó un eventual respaldo unánime a que el Ejecutivo retire el proyecto de Presupuesto y explicite las partidas para discapacidad con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. En este contexto de fuertes tensiones políticas, el debate continuará ahora en el recinto, donde el oficialismo intentará convertir en ley un esquema que promete estabilidad normativa, pero que aún despierta desconfianza entre sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la discapacidad.
