El Presupuesto 2027 y el futuro de la emergencia en Discapacidad
NewsITe
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso abrió un fuerte frente de conflicto en torno a la ley de emergencia en Discapacidad. Organizaciones, prestadores y legisladores de la oposición advierten que varias de las modificaciones incluidas en el texto implican una pérdida concreta de derechos para personas con discapacidad y para quienes brindan servicios en el sistema.
Uno de los puntos centrales es la eliminación del artículo 14 de la ley 27.793, que establecía un nomenclador único nacional para las prestaciones. Ese esquema garantizaba aranceles homogéneos en todo el país. Con el cambio propuesto, cada obra social, prepaga o provincia podrá fijar sus propios valores, lo que, según especialistas, abrirá la puerta a una fuerte dispersión de tarifas y una presión a la baja sobre los honorarios profesionales.
El artículo 39 del Presupuesto reemplaza además el artículo 7 bis de la ley de emergencia en Discapacidad. La nueva redacción no sólo desactiva la política de arancel único, sino que también elimina la actualización automática mensual de los valores atados a la movilidad jubilatoria. El texto propuesto aclara que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles” y que el nomenclador “no incluirá valores universales”.
Aranceles, pensiones y cobertura: los puntos más sensibles
Legisladores de la oposición, como Juan Marino (Unión por la Patria) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sostienen que el nuevo esquema habilita que cada ente obligado defina unilateralmente los montos que pagará a los prestadores, generando un escenario fragmentado e incierto para quienes trabajan en el área y para las familias que dependen de estas prestaciones.
Otro cambio relevante se introduce mediante el artículo 37 del Presupuesto, que elimina la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y un empleo registrado o monotributo con ingresos de hasta dos salarios mínimos. De aprobarse, cualquier trabajo formal, incluso de pocas horas, implicaría la pérdida automática de la pensión, lo que, según Marino, empuja a muchas personas con discapacidad hacia la informalidad laboral por temor a quedar sin ingresos y sin red de contención.
El proyecto también suprime el instrumento de estudio de costos para cada servicio o prestación, una herramienta utilizada para actualizar aranceles según gastos específicos del sector que no refleja el Índice de Precios al Consumidor. Prestadores advierten que, sin ese mecanismo, se agrava el desfasaje entre los valores reconocidos y los costos reales, como ocurre con el transporte especializado, donde denuncian que los montos actuales ya no alcanzan para sostener el servicio.
Definición de discapacidad y derechos en juego
En otro tramo, el Presupuesto deroga el artículo 5 de la ley 27.793, que definía a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Críticos del proyecto consideran que esto otorga al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad para modificar criterios y eventualmente reducir la cantidad de beneficiarios reconocidos en el sistema.
Además, el artículo 41 elimina el artículo 8 de la ley de emergencia, que garantizaba la cobertura de salud para titulares de pensiones no contributivas por discapacidad. De esta forma, la cobertura dejaría de ser un derecho legalmente exigible, lo que genera preocupación entre organizaciones y familias que ya denuncian atrasos y dificultades para acceder a tratamientos.
“Meter modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de presupuesto viola la Ley de Administración Financiera y el principio de no regresividad en Derechos Humanos”, advirtió el diputado Juan Marino, quien calificó la maniobra como “ilegal e inconstitucional”.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro acusó al Gobierno de sostener una política de “crueldad” hacia un sector que atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, aranceles atrasados y miles de familias en situación de vulnerabilidad. El debate legislativo sobre el Presupuesto 2027 definirá si estas modificaciones avanzan o si se abre una instancia de revisión para preservar la ley de emergencia en Discapacidad tal como fue concebida.
