Nuevo México aplica una sanción récord al gigante tecnológico
NewsITe
Meta, la empresa matriz de Facebook, fue condenada en Estados Unidos a pagar 25.000 millones de dólares al estado de Nuevo México por haber engañado durante años a los usuarios sobre el uso y la protección de sus datos personales. La sentencia, dictada por el juez Francis Mathew, se apoya en el veredicto de un jurado que consideró probado que la compañía incurrió en prácticas engañosas en materia de privacidad.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, definió el fallo como “uno de los veredictos estatales más grandes, si no el más grande, contra una empresa en la historia de Estados Unidos”. Para el funcionario, la decisión envía un mensaje directo a Silicon Valley respecto de las consecuencias de vulnerar los derechos de los consumidores en el entorno digital.
Según se expuso en el juicio, Facebook aseguró a sus usuarios que controlaban cómo se compartía su información y que la plataforma no vendía ni compartía datos personales con anunciantes. Sin embargo, el jurado concluyó que esas promesas eran falsas o, al menos, profundamente engañosas. El juez Mathew sostuvo que la alta cúpula de la empresa, incluido el CEO Mark Zuckerberg y la ex COO Sheryl Sandberg, participó de una estrategia comunicacional destinada a confundir al público sobre el verdadero alcance de las políticas de privacidad.
El caso Cambridge Analytica y el alcance del daño
El expediente se vincula directamente con el escándalo de Cambridge Analytica, la consultora política que obtuvo información de unos 87 millones de perfiles de Facebook a partir de un cuestionario de personalidad desarrollado por un tercero. Esos datos habrían sido utilizados para diseñar campañas de publicidad política ultrasegmentadas, sin el conocimiento ni el consentimiento real de los usuarios afectados.
La causa en Nuevo México se tramitó en paralelo a acuerdos alcanzados por otros 48 estados norteamericanos, que optaron por resolver el conflicto a nivel nacional. La fiscalía local, en cambio, decidió avanzar por su cuenta y reclamó entre 35.000 y 40.000 millones de dólares en concepto de multas, con el argumento de que sólo una sanción de esa magnitud podría modificar la conducta de un gigante tecnológico como Meta.
Apelación en marcha y destino educativo de los fondos
Meta, por su parte, anticipó que apelará la sentencia. El director jurídico de la compañía, CJ Mahoney, aseguró que la empresa confía en revertir el fallo y sostuvo que la interpretación del fiscal general vuelve “prácticamente imposible hacer negocios en el estado de Nuevo México”. Incluso llegó a afirmar que la demanda constituye, en los hechos, un “impuesto a la libertad de expresión” y una forma de imponer nuevas reglas sobre lo que la gente puede decir en línea.
Mientras tanto, la Constitución de Nuevo México establece que los montos recaudados por violaciones a las leyes de protección al consumidor se destinan al sistema educativo. Torrez señaló que, de confirmarse el cobro, la suma podría financiar la construcción y mejora de escuelas durante décadas, aunque advirtió que el dinero quedará inmovilizado si la apelación de Meta se extiende en el tiempo.
Precedentes y efectos en el mercado tecnológico
No es la primera vez que la compañía enfrenta sanciones millonarias por el manejo de datos personales. En 2019, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) impuso a Facebook una multa de 5.000 millones de dólares por permitir que Cambridge Analytica accediera a información de usuarios sin su consentimiento. Aun así, la nueva condena en Nuevo México marca un hito por tratarse de una decisión a nivel estatal con un monto excepcionalmente alto.
En el plano financiero, las acciones de Meta reaccionaron con una suba de 13,56 dólares (alrededor de un 2%), hasta ubicarse en 707,81 dólares durante la rueda del miércoles. Analistas del mercado interpretan que los inversores descuentan una reducción del monto en instancias de apelación o confían en la capacidad del gigante tecnológico para absorber el impacto económico sin alterar demasiado su proyección de negocios.
“Se trata de si las empresas pueden engañar a los consumidores sobre qué sucede con su información personal sin afrontar consecuencias significativas”, resumió el fiscal Raúl Torrez, al presentar el alcance del fallo.
El caso reaviva el debate global sobre la regulación de las grandes plataformas digitales y la protección de la privacidad en línea, un tema que también sigue de cerca la Argentina. La forma en que se resuelva la apelación de Meta podría sentar un precedente para futuras demandas contra compañías tecnológicas en otros estados y países.
