Fiscalía presiona para saber quién habilitaba SIRA en pleno cepo
NewsITe
La investigación por presuntas irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Franco Picardi pidió formalmente al Ministerio de Economía que identifique a todos los funcionarios que tuvieron facultades para aprobar o rechazar solicitudes de acceso al dólar oficial durante la vigencia del cepo cambiario en el gobierno de Alberto Fernández.
El requerimiento fue dirigido a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa, área clave en el manejo del comercio exterior. El fiscal reclamó que la información sea entregada “de manera urgente” y fijó un plazo máximo de 72 horas para que se precise quiénes, entre 2022 y 2023, intervinieron de forma efectiva en el circuito de autorización de las SIRA.
Según fuentes judiciales, Picardi ya había recibido informes parciales sobre el funcionamiento del sistema, pero consideró que la documentación remitida hasta el momento “no satisface de manera íntegra lo requerido”. Por eso ahora busca un desglose más detallado, que incluya la nómina de funcionarios y usuarios que tenían acceso a las solicitudes, su perfil dentro del sistema y el alcance de sus decisiones.
En paralelo, el fiscal volvió a insistir ante el juez federal Ariel Lijo para que se levante el secreto bancario, fiscal y bursátil de un grupo de operadores económicos apuntados en la causa. Se trata del tercer pedido en ese sentido, con el objetivo de reconstruir los movimientos financieros y eventuales vínculos entre intermediarios, empresarios y funcionarios públicos.
Coimas, rulo cambiario y esquema bajo la lupa
La causa judicial indaga la posible existencia de una red de corrupción montada alrededor del SIRA, el mecanismo de control de importaciones y acceso a divisas que estuvo vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. En ese período, las empresas necesitaban la aprobación oficial para poder comprar dólares al tipo de cambio regulado por el Banco Central y así pagar importaciones.
Los investigadores sospechan que, en ese contexto de fuerte restricción cambiaria, algunos funcionarios habrían cobrado coimas de entre el 10% y el 15% del valor de cada operación para agilizar o directamente garantizar la aprobación de determinadas solicitudes. El foco está puesto en si existieron decisiones discrecionales que beneficiaron a ciertos importadores en desmedro de otros.
- Funcionarios con facultad de aprobar o rechazar SIRA.
- Empresarios y financistas que habrían pagado retornos.
- Casas de cambio y operadores involucrados en maniobras cambiarias.
Otra línea de investigación apunta al llamado “rulo cambiario”: empresas o particulares que, tras acceder a dólares al tipo de cambio oficial para operaciones de comercio exterior, habrían desviado o revendido esas divisas en el mercado paralelo, capturando una ganancia por la diferencia entre ambas cotizaciones.
La fiscalía busca determinar si existió connivencia entre financistas, empresarios, casas de cambio y funcionarios para aprovechar el cepo y obtener beneficios ilícitos a costa del sistema de control cambiario.
En los próximos días, el avance o la demora en la respuesta del Ministerio de Economía y la definición del juez Lijo sobre el levantamiento de los secretos bancario y fiscal serán claves para definir el rumbo de una causa que vuelve a poner bajo la lupa la administración del comercio exterior durante la etapa de restricciones cambiarias.
