Distintas organizaciones analizaron publicaciones y estadística sobre la problemática advirtiendo que la violencia contra las mujeres representa no solo una grave violación de derechos humanos, sino también un impacto económico significativo, estimado en hasta el 5% del PIB en algunos países de la región. Entre los desafíos de precisión estiman que entre el 87% y el 95% de los casos no llegan a los registros formales. Argentina formó parte de los países evaluados.
De la Redacción de EL NORTE
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UNFPA en América Latina y el Caribe, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) publicaron el informe: “Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”. La violencia contra las mujeres (VCM) representa no solo una grave violación de derechos humanos, sino también un impacto económico significativo, estimado en hasta el 5% del PIB en algunos países de la región. El mapeo sistemático de 21 estudios de costeo de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico producidos en Iberoamérica entre 2004 y 2025 confirma que la región cuenta con un corpus metodológico propio, diverso y en expansión, aunque heterogéneo en rigor, cobertura y comparabilidad. Los hallazgos sintetizan los patrones más relevantes para orientar futuros ejercicios de costeo en la región.
Se estima que entre el 87% y el 95% de los casos no llegan a los registros formales, lo que constituye el mayor desafío de precisión. Si bien la violencia física y sexual se incluyen universalmente, la violencia económica es la dimensión con menor cobertura metodológica. Estas variables -junto a otras- constituyen los principales obstáculos en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.
Las mujeres y sus hogares asumen la mayor carga económica, estimada entre el 44% y el 50% de los costos total a país para los casos desagregados, debido a gastos de bolsillo y pérdida de ingresos personales. El Estado es el actor que proporcionalmente menos costos absorbe (11-13%).
Si bien la violencia física y sexual se incluyen universalmente, la violencia económica es la dimensión con menor cobertura metodológica.
Algunos estudios incorporan impactos en la salud y escolaridad de los hijos (como reprobación escolar y descapitalización de cuidados).
DEFICIENCIA EN LOS ESTUDIOS
El análisis interseccional es una brecha persistente del corpus. La mayoría de los estudios reconoce conceptualmente que los impactos económicos de la VCM varían según las condiciones sociales de las mujeres afectadas, pero pocas investigaciones operacionalizan esa premisa en el diseño metodológico y producen desagregaciones por condición migratoria, discapacidad, pertenencia étnico-racial o situación laboral en los resultados. Esta brecha no es atribuible únicamente a los equipos investigadores: refleja limitaciones estructurales de los sistemas estadísticos iberoamericanos, que raramente tienen tamaños muestrales suficientes para producir estimaciones confiables para estas subpoblaciones. Superarla requiere tanto mejoras en los instrumentos de medición como decisiones de política estadística que prioricen la desagregación.
Al mismo tiempo, en el documento compartido notan que predomina la perspectiva anual, lo que impide capturar los costos acumulados de la violencia crónica.
El objetivo central del informe fue fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones iberoamericanas mediante el análisis de 21 estudios de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Peru, Portugal, Uruguay, además de propuestas regionales, para facilitar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.
