La Corte Suprema confirmó la pena al ex gobernador entrerriano
NewsITe
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por hechos de corrupción vinculados al manejo de la publicidad oficial durante su gestión al frente del Ejecutivo provincial.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex mandatario. De este modo, quedó firme la sentencia que no solo impone la pena de prisión efectiva, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que lo halló responsable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En el mismo proceso fueron sentenciados el ex ministro de Cultura y Comunicación entrerriano, Pedro Báez, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ambos a seis años de prisión.
De acuerdo con la investigación, el ex mandatario direccionó contrataciones de publicidad oficial del Estado provincial hacia un grupo de empresas vinculadas a su entorno, en beneficio de Aguilera, señalado como pieza central de un entramado de testaferros y cartelización destinado a captar fondos públicos destinados a la pauta en vía pública.
Las maniobras investigadas y el recorrido judicial
La acusación incluyó cinco hechos principales. Entre ellos, el otorgamiento de pauta estatal a la firma Global Means antes de que tuviera existencia formal; el control, durante aproximadamente cinco años, del negocio de cartelería oficial a través de las empresas Tep SRL y Next SRL; y la llamada megacausa del “Sueño Entrerriano”, vinculada a la promoción política de la figura de Urribarri con recursos públicos.
También se investigó la instalación de un parador de playa en Mar del Plata, con un costo cercano a los 14 millones de pesos de aquel momento, y los pagos a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots publicitarios formalmente ligados a la Cumbre del Mercosur celebrada en Paraná en 2014, pero que, según la acusación, tuvieron un fuerte componente de promoción personal.
- Condena original dictada en abril de 2022 por la Justicia entrerriana.
- Confirmación posterior del Tribunal de Casación y del Superior Tribunal de Justicia provincial.
- Rechazo del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema, que consolidó la condena.
El fallo de primera instancia fue ratificado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos. Más tarde, el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los planteos de las defensas, que llevaron entonces la discusión al máximo tribunal del país. Con la decisión conocida ahora, se agota la vía ordinaria y la condena queda firme.
Situación procesal y trayectoria política de Urribarri
En medio del proceso, Urribarri estuvo detenido durante 50 días, luego de que en noviembre de 2024 la Casación entrerriana ordenara su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga. Esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia provincial, que dispuso su liberación mientras se completaba la revisión del caso.
Dirigente de extracción peronista, Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015. Luego se desempeñó como legislador provincial y, en 2020, asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que terminó renunciando en 2022 tras conocerse la condena en su contra. La confirmación de la Corte lo deja definitivamente fuera de la función pública a raíz de la inhabilitación perpetua que integra la sentencia.
Con la decisión del máximo tribunal, la causa se convierte en uno de los fallos emblemáticos sobre corrupción y manejo irregular de la pauta oficial en el ámbito provincial.
El caso se suma a otros expedientes de alto impacto político que recorrieron todas las instancias judiciales y vuelve a poner en agenda el debate sobre el uso de los recursos públicos, la transparencia en la contratación de publicidad oficial y los mecanismos de control sobre los funcionarios.
