La Asamblea Nacional aprobó en primera instancia una modificación constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La iniciativa también extiende de seis a siete años los mandatos presidenciales y de otros cargos públicos.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que impide la participación electoral de sectores opositores y amplía de seis a siete años el mandato presidencial. La iniciativa fue promovida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El proyecto recibió la aprobación inicial del Parlamento, controlado por el oficialismo, y deberá atravesar una segunda votación para entrar en vigencia. La ratificación comenzaría el 18 de enero de 2027, debido a que la legislación nicaragüense exige tratar las reformas constitucionales durante dos períodos legislativos diferentes.
La modificación declara inelegibles a quienes el Gobierno considere “traidores” o “golpistas” al servicio de intereses extranjeros. Esas calificaciones fueron utilizadas por la administración de Ortega para referirse a dirigentes y agrupaciones opositoras.
Los mandatos pasarán a durar siete años
La reforma no se limita a la conducción del Ejecutivo. También extiende a siete años los mandatos de diputados, alcaldes y otros funcionarios electos, además de los períodos correspondientes a las autoridades del Ejército y la Policía.
En 2024, una modificación anterior había llevado el mandato presidencial de cinco a seis años y establecido la copresidencia que actualmente ejercen Ortega y Murillo. La nueva iniciativa profundiza los cambios en el sistema político y electoral del país centroamericano.
Ortega gobierna Nicaragua de manera ininterrumpida desde 2007 y comenzó su cuarto mandato consecutivo en 2022. En julio pasado, anunció que no permitiría que la oposición volviera a acceder al poder mediante elecciones.
La aprobación provocó cuestionamientos de Estados Unidos y de distintos países latinoamericanos. Panamá, por su parte, retiró a su embajador en Managua como respuesta a la decisión del Gobierno nicaragüense.
La crisis política del país se profundizó en 2018, cuando la represión de las protestas contra el Gobierno dejó más de 300 muertos y provocó la salida de miles de ciudadanos de Nicaragua.
