Javier Milei vinculó la interrupción voluntaria del embarazo con la caída de la natalidad y otros funcionarios manifestaron su rechazo a la normativa. Sin embargo, fuentes de la Casa Rosada aseguraron que no existe una iniciativa para derogar la legalidad del aborto y reconocieron que no están dados los consensos sociales para avanzar.
El Gobierno Nacional descartó impulsar la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pese a los recientes cuestionamientos del presidente Javier Milei y otros integrantes de su administración. Desde la Casa Rosada aseguraron que la eliminación de la normativa sancionada en 2020 no forma parte de la agenda legislativa y sostuvieron que no existen los consensos necesarios para promover cambios.
“No está en la agenda. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, expresó una fuente oficial ante Infobae. En el oficialismo indicaron que las declaraciones recientes responden a posiciones personales o ideológicas de distintos funcionarios, pero no anticipan una decisión del Poder Ejecutivo.
La discusión volvió a ganar espacio después de que Milei relacionara la legalización del aborto con la caída de la natalidad durante su participación en el Council de las Américas. El mandatario sostuvo que la reducción de los nacimientos genera consecuencias sobre la economía y el sistema previsional.
“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición. Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional”, afirmó.
Sin embargo, no hay datos que permitan establecer una relación entre la caída de la natalidad y la sanción de la ley. Después de las declaraciones, integrantes del Gobierno aseguraron que Milei utilizó esa referencia para explicar lo que considera inconsistencias del sistema previsional.
“El Presidente cree que la legalización del aborto es uno de los factores, pero no intentó instalar el tema ni mucho menos. Fue solo un comentario desde el utilitarismo económico y tiene solo esa intención”, señaló un funcionario.
La postura de los funcionarios y el Consenso de Ginebra
Los dichos de Milei se sumaron a expresiones similares de otros integrantes del Gobierno. El canciller Pablo Quirno afirmó que la administración libertaria defiende “la vida” durante el anuncio de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.
Además, la Argentina adhirió al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito rechazó esa decisión y la calificó como un “posicionamiento ideológico” del Gobierno.
El secretario de Culto, Agustín Caulo, también cuestionó públicamente la normativa a través de su cuenta de X. “Que hayamos rechazado el aborto y que tengamos un presidente provida como Javier Milei tiene que servir para darnos fuerzas. Por los niños por nacer y por las mujeres argentinas: la vida va a triunfar! Nunca nos tenemos que resignar a tener una ley tan inhumana”, expresó.
Milei ya había vinculado anteriormente la caída de la natalidad con la interrupción voluntaria del embarazo. “En términos de abortos, la Argentina hizo un desastre para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción”, sostuvo en otra oportunidad, además de acusar de “genocida” a una periodista que respaldó la ley.
Los proyectos para derogar la normativa
En 2024, legisladores de La Libertad Avanza encabezados por la diputada Rocío Bonacci presentaron un proyecto para derogar la ley de aborto. El Poder Ejecutivo tomó distancia de aquella iniciativa y negó haber promovido su presentación.
“No ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, afirmó entonces Manuel Adorni, quien se desempeñaba como vocero presidencial.
A principios de este año, diputados libertarios firmaron un acta de compromiso para insistir con la derogación, en el marco del Día del Niño por Nacer. Uno de los legisladores que respaldó esa posición fue Santiago Pauli.
“Es un compromiso que tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa. Antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso. Entonces necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”, manifestó.
Pese a esas iniciativas y a los cuestionamientos de funcionarios, el Gobierno sostiene que no prepara un proyecto para modificar o eliminar la Ley 27.610. En la Casa Rosada aseguran que la derogación no integra sus prioridades legislativas y diferencian las declaraciones públicas de una eventual decisión política.
