Rever Pass entra en concurso y se encienden alertas en la industria textil
NewsITe
La histórica firma textil IGT33 S.A., operadora de las marcas Rever Pass y Be Rebel, pidió la apertura de concurso preventivo de acreedores y se sumó a la lista de empresas nacionales que luchan por sostener su actividad frente al avance de la competencia importada, en especial de origen chino. El expediente, tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18, fue formalmente abierto el 14 de julio, tras una presentación judicial realizada en junio.
La situación de la compañía se inscribe en un contexto delicado para toda la industria textil argentina. De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en apenas doce meses cerraron 330 establecimientos vinculados al sector y se perdieron 15.468 puestos de trabajo formales. Las empresas locales denuncian que compiten en condiciones desiguales frente a productos importados que llegan al país a través de plataformas de comercio electrónico.
IGT33, con más de cuatro décadas de trayectoria, detalló en su presentación que atraviesa una combinación de factores adversos: fuerte caída del consumo interno de indumentaria, apertura de importaciones, incremento sostenido de costos de producción y una estructura comercial pesada, basada en locales físicos en shoppings y centros comerciales. La compañía cuenta con 13 locales alquilados y una planta industrial en Ricardo Rojas, además de más de 100 trabajadores.
El deterioro se reflejó de lleno en los balances. El ejercicio cerrado en noviembre de 2025 mostró ventas por $11.814 millones, casi un 24% menos que el período anterior en moneda constante. La pérdida neta trepó a $4.365 millones, frente a un rojo de $515 millones en 2024. La ganancia bruta cayó de $8.962 millones en 2024 a $5.678 millones en 2025, mientras que los gastos de comercialización y administración sumaron $8.567 millones.
Deudas millonarias y financiamiento cada vez más caro
La empresa arrastra un pasivo superior a los $7.000 millones, con un fuerte peso de la deuda bancaria: unos $3.276 millones, donde se destacan el Banco Nación, con alrededor de $2.264 millones, y el Banco Provincia, con $866 millones. A ello se agregan $975 millones de deuda fiscal, cerca de $1.725 millones en obligaciones previsionales, además de compromisos laborales, sindicales y con proveedores.
El financiamiento, lejos de aliviar la situación, terminó agravando el cuadro. Según la compañía, en los últimos años tomó créditos bancarios para sostener salarios, indemnizaciones, remodelación de locales, nuevas líneas de productos y refuerzo del área de marketing digital. Sin embargo, las tasas llegaron a niveles cercanos al 100% anual durante 2025, algo imposible de absorber con la rentabilidad del negocio. La empresa también reconoce que algunos préstamos se pactaron a tasas muy por encima de la inflación oficial.
El estrés financiero derivó en problemas de liquidez: en los meses previos al concurso, los sueldos comenzaron a abonarse en dos etapas y caducaron planes de pago de impuestos y cargas sociales por falta de cumplimiento. Al 31 de mayo, IGT33 mantenía unos $262 millones en cheques diferidos a proveedores, y en el mercado ya se registraban 65 cheques rechazados por algo más de $300 millones.
Competencia digital y cambio de hábitos de consumo
En su escrito judicial, la compañía señala como factor central el cambio en las condiciones de competencia a partir de 2024, cuando se profundizó el ingreso de productos importados por plataformas internacionales, especialmente desde Asia. Las marcas nacionales, explican, enfrentan costos que los nuevos jugadores digitales no asumen: alquileres, expensas, salarios, cargas sociales, impuestos, logística e infraestructura.
La firma también alude a un cambio estructural en los hábitos de consumo. Mientras el comercio electrónico gana participación, sostener locales físicos en shoppings implica altos costos fijos y contribuciones a fondos de publicidad y servicios generales. Frente a esa realidad, IGT33 se vio obligada a cerrar puntos de venta en centros comerciales y en la Costa Atlántica, intentando concentrar su actividad en canales considerados más eficientes, como el e-commerce y las franquicias.
La caída del poder adquisitivo y la retracción del consumo interno completan el cuadro. La empresa asegura que los precios de venta quedaron rezagados respecto de la evolución de los costos: aun con promociones y descuentos, no logró trasladar por completo los aumentos, lo que erosionó los márgenes de rentabilidad.
“La apertura de importaciones, el encarecimiento del crédito y la caída del consumo colocaron a la empresa en un escenario de cesación de pagos”, expuso IGT33 en la presentación del concurso preventivo.
La cesación de pagos quedó formalmente configurada el 16 de mayo de 2026, cuando la compañía no pudo cumplir con compromisos asumidos con trabajadores que habían acordado su desvinculación. A partir de ahora, el concurso preventivo abrirá una etapa clave de negociación con acreedores, mientras el caso se suma a la lista de señales de alarma sobre la competitividad y la sustentabilidad del entramado textil nacional.
