Los últimos hechos delictivos registrados en Ramallo volvieron a poner bajo la lupa la política de seguridad impulsada por el gobierno de Mauro Poletti. El debate se concentra cada vez más en la distancia entre los anuncios oficiales, las inversiones realizadas en tecnología y los resultados que los vecinos perciben en las calles.
Durante los últimos años, el municipio presentó como uno de los pilares de su estrategia la incorporación de cámaras, domos, lectores de patentes y equipamiento para el monitoreo. También anunció la ampliación y el traslado del Centro de Monitoreo, presentado como una herramienta central para la prevención y el esclarecimiento de delitos. Sin embargo, los episodios recientes plantean dudas sobre la eficacia de ese despliegue.
El caso más evidente fue el intento de robo a la sucursal del Banco Provincia de Ramallo. El hecho ocurrió durante un día de semana, en horario de actividad bancaria y en pleno centro de la ciudad. Una persona logró ingresar al edificio, permanecer allí durante pocos minutos y retirarse sin ser detectada en el momento.
El dato que genera mayor cuestionamiento es que el municipio necesitó tres días para determinar, a partir de las imágenes disponibles, cómo había ingresado y salido del banco el sospechoso. La reconstrucción posterior puede resultar útil para la investigación, pero la demora expone una contradicción con el discurso oficial que presenta al sistema de monitoreo como una herramienta permanente de prevención y respuesta.
La situación tampoco se limita al centro de la ciudad. En distintos barrios de Ramallo, vecinos vienen manifestando preocupación por robos, intentos de ingreso a viviendas, movimientos sospechosos y episodios de violencia. Sectores como La Rivera, Defensores de Victoria, Santa María y Barrio Sur aparecen recurrentemente entre las zonas donde se expresa esa preocupación.
En algunos de estos sectores, la percepción de los vecinos es que la presencia preventiva resulta insuficiente y que determinadas situaciones de inseguridad se han vuelto frecuentes. Ese escenario genera una sensación de deterioro de las condiciones de tranquilidad que históricamente caracterizaron a distintos barrios de la ciudad.
A esto se suma la dificultad para controlar los accesos al distrito. Los lectores de patentes fueron anunciados como una herramienta para identificar vehículos vinculados con hechos delictivos, pero los episodios protagonizados por personas provenientes de otras localidades muestran que la tecnología, por sí sola, no garantiza que un delincuente pueda ser detectado antes de cometer un delito o escapar.
El punto central de la discusión local es otro: qué resultados concretos está produciendo la inversión en seguridad anunciada por el municipio. Las estadísticas oficiales difundidas periódicamente muestran determinados indicadores favorables, pero esa lectura convive con una percepción diferente entre vecinos que reclaman mayor prevención y respuestas más rápidas.
También persisten dudas sobre los costos de las sucesivas inversiones, los proveedores contratados, el funcionamiento efectivo del sistema de monitoreo y los mecanismos utilizados para medir sus resultados.
La gestión de Poletti ha realizado numerosos anuncios y destinado recursos importantes a equipamiento. Ahora enfrenta el desafío de demostrar que esa inversión se traduce en más prevención, respuestas más rápidas y mayor seguridad efectiva en los barrios.
