Dos jóvenes lograron salir de la organización conocida como “La Agencia” y relataron ante la Justicia cómo eran amenazadas, golpeadas y obligadas a trabajar para pagar supuestas deudas. Cuatro personas fueron detenidas y la causa podría pasar al fuero federal por la posible existencia del delito de trata de personas.
Dos jóvenes que lograron escapar de una presunta red de explotación sexual que operaba en Pinamar y La Plata brindaron detalles sobre el funcionamiento de la organización. Según declararon ante la Justicia, las acusadas les retenían sus documentos y teléfonos, las amenazaban y las obligaban a prestar servicios sexuales para saldar supuestas deudas.
Ahora, los testimonios incorporados al expediente permitieron reconstruir cómo funcionaba la presunta organización, conocida como “La Agencia”, que habría sido manejada por una mujer identificada como L.M.R. (40) y su hija J.S. (21).
De acuerdo con las declaraciones judiciales a las que accedió Infobae, J.S. se encargaba de acercarse a las jóvenes, ganar su confianza y ofrecerles trabajar con ella. L.M.R., en tanto, administraba sus perfiles en la página “Gemidos TV”, donde publicaban fotografías bajo diferentes pseudónimos y coordinaban los contactos con los clientes.
Las víctimas explicaron que inicialmente recibían el dinero obtenido por cada servicio. Con el paso del tiempo, sin embargo, las condiciones cambiaban y las acusadas comenzaban a retener parte o la totalidad de lo recaudado bajo el argumento de que debían afrontar distintos gastos.
“Julieta empezó a tratarme mal y a quedarse con la totalidad del dinero de mi trabajo. Me decía que yo debía pagar los gastos del mantenimiento de ‘La Agencia’ y de la página de Internet”, declaró una de las jóvenes, según publicó Infobae.
La otra víctima describió una dinámica similar: “Ella al principio te endulzaba, te sacaba a comer y después no te daba nada”.
Según la investigación, a una de las jóvenes le exigían pagar una cuota de $60.000 por el lugar donde permanecía alojada. A otra le indicaron que mantenía una deuda de $1.500.000 con la organización.
Los clientes pagaban los servicios en efectivo, en algunos casos con dólares, o mediante transferencias. La investigación también busca determinar el circuito utilizado para recibir y administrar ese dinero.
Amenazas, golpes y documentos retenidos
Los testimonios incorporados a la causa describen que, cuando las jóvenes intentaban alejarse, las acusadas les retenían sus documentos de identidad y teléfonos celulares. También les advertían que no podían regresar a sus casas.
“Una vez que entrás, no podés salir”, era una de las frases que, según las víctimas, utilizaban para intimidarlas.
Las jóvenes también denunciaron golpes y amenazas contra sus familias. Según sus declaraciones, las dos principales acusadas participaban de las agresiones y además recurrían a hombres para intimidarlas.
“Si la Policía me allana, tu familia va a tener problemas ya que ‘La Agencia’ podría atentar contra su vida”, fue una de las amenazas denunciadas. Otra de las advertencias era: “Si decís algo, va a arder Troya”.
Una de las víctimas ya había logrado escapar durante 2025 y realizó una denuncia. Según relató, posteriormente volvió a ser contactada con la promesa de que las condiciones serían diferentes y decidió regresar.
“Fue la peor decisión que tomé en mi vida”, declaró ante la Justicia.
Cuando alguna de las jóvenes manifestaba su intención de volver a su casa, la organización habría utilizado otra maniobra. Según la investigación, las trasladaban desde Pinamar hacia La Plata con la promesa de que allí podrían ganar “plata fácil”.
Una vez en esos departamentos, de acuerdo con los testimonios, permanecían encerradas y eran obligadas a trabajar sin recibir dinero para cancelar las deudas que les atribuían.
La declaración que permitió avanzar sobre la organización
Uno de los episodios determinantes para la investigación ocurrió el 5 de agosto, cuando una joven de 20 años llegó a la DDI La Plata acompañada por J.S. Su intención aparente era levantar una denuncia por averiguación de paradero que había realizado su familia al no tener noticias de ella.
Un efectivo advirtió que la joven podía encontrarse bajo una situación de sometimiento y decidió entrevistarla separada de la mujer que la acompañaba.
El fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI N° 8 de General Madariaga, habló con ella de manera virtual. Durante esa conversación, la joven aseguró que estaba retenida bajo amenazas y que la obligaban a trabajar para la organización.
“Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”, manifestó la víctima.
A partir de esa declaración, el fiscal ordenó la detención de J.S., quien todavía permanecía en la dependencia policial.
Ese mismo día, otra joven llegó hasta la DDI para averiguar qué había ocurrido. Durante la entrevista con los investigadores reveló que ella también era víctima de la organización y aseguró que permanecía contra su voluntad.
“Yo tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas, les tengo miedo”, expresó ante el fiscal.
Cuatro detenidos y más de $3 millones secuestrados
Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó allanamientos en un edificio de avenida Libertador, en Pinamar, y en otro inmueble de calle 63, entre 7 y 8, en La Plata.
Los procedimientos permitieron completar las cuatro detenciones informadas inicialmente. Además de L.M.R. y J.S., fueron aprehendidos C.A.M. (25) y T.I.R. (25).
Durante los operativos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, profilácticos, documentación de las víctimas y otros elementos considerados de interés para la causa. También incautaron $3.397.500 en efectivo y USD 1.100.
En el domicilio allanado en La Plata, además, las autoridades pusieron bajo resguardo a una niña de 9 años, hija de una de las mujeres detenidas. Por esa situación intervino el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos.
La investigación estuvo encabezada por la UFI N° 8 de General Madariaga y contó con la participación de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, y la DDI La Plata.
Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la causa será remitida a la Justicia Federal ante la posible existencia del delito de trata de personas. Los investigadores también buscan determinar si existen otros integrantes de la organización e identificar a más posibles víctimas.
