Peritan borrado de archivos en el Ministerio de Desarrollo Social
NewsITe
La causa por el asesinato del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, sumó un nuevo capítulo que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la cartera provincial. Una pericia informática determinó que archivos alojados en la computadora del despacho oficial fueron eliminados dos días después del homicidio, cuando el funcionario ya había muerto.
De acuerdo con la investigación a cargo del fiscal Hugo Costilla, los registros digitales muestran que la supresión de información se produjo el lunes 5 de diciembre de 2022, mientras que el crimen de Rojas ocurrió el sábado 3. En ese lapso, el Ministerio careció de controles confiables sobre quiénes entraron y salieron del edificio, lo que hoy complica la reconstrucción de los movimientos en las horas críticas.
Costilla ordenó citar a 214 personas que prestaron servicios en el organismo entre el sábado 3, el domingo 4 y el lunes 5 de diciembre de 2022. El objetivo es determinar quién tuvo acceso al despacho del ministro, quién pudo manipular la computadora y si existieron maniobras destinadas a alterar o encubrir documentación relevante para la causa.
La situación se agrava por las falencias detectadas en los sistemas de seguridad. Según reveló la investigación, durante ese fin de semana las cámaras grababan con la fecha adelantada un día y presentaban un desfasaje horario, mientras que los registros de ingreso y egreso no resultan del todo confiables. Esa combinación de errores genera un vacío de información en un momento clave.
Una causa que expone fallas de control institucional
Casi cuatro años después del homicidio, la Justicia catamarqueña aún intenta responder una pregunta básica: quiénes estuvieron dentro del Ministerio de Desarrollo Social en las horas posteriores a la muerte de Rojas y quién ejecutó el borrado de archivos en una computadora oficial. Lo que comenzó como una investigación estrictamente policial adquirió así un fuerte componente institucional y político.
Fuentes judiciales indicaron que el fiscal busca además reconstruir el circuito de expedientes y las preocupaciones que rodeaban al ministro en las semanas previas al crimen. Entre las líneas de trabajo figuran rendiciones de cuentas pendientes para acceder a nuevos fondos de programas nacionales y versiones que señalaban que Rojas podría no continuar en el cargo más allá de diciembre de 2022.
Esas hipótesis no constituyen por sí solas un móvil ni implican de manera directa a funcionarios del Ejecutivo provincial. Sin embargo, obligan a indagar qué tipo de documentación fue eliminada, si estaba vinculada a la gestión de fondos o decisiones sensibles, y a quién podía afectar su contenido en términos administrativos o políticos.
Exigencias de transparencia para el gobierno provincial
La causa ya acumula 43 cuerpos, unas 9.000 fojas, más de 500 testimonios filmados y cerca de 3.000 horas de registros provenientes de 62 cámaras de seguridad, según detalló el propio fiscal. Pese a ese volumen de medidas, el expediente todavía carece de una explicación definitiva sobre el homicidio y recién ahora se convoca a 214 personas ligadas al funcionamiento del ministerio durante los tres días analizados.
El gobernador Raúl Jalil no puede intervenir en las decisiones judiciales, pero sí debe responder por las fallas de custodia y seguridad administrativa detectadas en un organismo bajo su órbita. Especialistas en derecho público advierten que la Provincia debería informar si abrió una investigación interna por el borrado, quiénes tenían claves o acceso físico a la computadora del ministro, cuándo fue preservado el despacho, qué funcionarios quedaron a cargo tras la muerte y por qué los sistemas de control de ingreso mostraban semejantes deficiencias.
Hasta el momento no existe una prueba pública que permita identificar a la persona responsable del borrado ni vincular ese acto de forma concluyente con el homicidio. Sin embargo, el episodio abre un interrogante político que, puertas adentro de la administración catamarqueña, sigue sin respuesta: un ministro fue asesinado y, mientras su cuerpo era velado, alguien eliminó archivos de una computadora estatal. Casi cuatro años después, Catamarca aún no sabe quién lo hizo, qué información desapareció ni con qué propósito.
