La CAL alerta por el impacto de derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

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La Cámara Argentina del Libro (CAL) expresó su rechazo al proyecto que busca derogar la Ley N.º 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera. La entidad advirtió que la eliminación de esta normativa pondría en riesgo la diversidad editorial, el acceso a la lectura y la continuidad de cientos de librerías independientes en todo el país.
En un comunicado difundido en Buenos Aires, la CAL —que reúne a alrededor de 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el territorio nacional— defendió la vigencia de la ley sancionada en 2001. Según la cámara, el sistema de precio uniforme, que obliga a respetar el valor fijado por el editor en todos los puntos de venta, es una herramienta central para sostener un ecosistema del libro equilibrado.
La ley no prohíbe la competencia, remarcan, sino que la orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento especializado, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores. De este modo, se evita que la disputa comercial se reduzca únicamente a quién puede aplicar el mayor descuento, un escenario que favorecería a grandes cadenas y plataformas por sobre las librerías de barrio.
Riesgo de concentración y pérdida de bibliodiversidad
La entidad advirtió que, sin la protección del precio uniforme, las grandes superficies comerciales y los sitios de venta en línea podrían desplegar políticas agresivas de descuentos que dejarían en clara desventaja a las librerías independientes, en especial las del interior. El temor es que ello derive en cierres masivos y en una concentración del mercado en pocos actores de gran escala.
Para la CAL, la llamada bibliodiversidad argentina —la variedad de sellos, títulos y géneros disponibles— depende de una extensa red federal de librerías y de condiciones de competencia equitativas. Esa trama permite convivir a los grandes grupos editoriales con cientos de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la literatura, el ensayo, los libros infantiles, las investigaciones académicas y obras de circulación más limitada.
El comunicado también subraya el peso económico y laboral del sector. La industria editorial sostiene miles de puestos de trabajo, que involucran a autores, traductores, ilustradores, correctores, diseñadores, distribuidoras y editoriales. Desde la entrada en vigencia de la ley, indican, se triplicó la cantidad de novedades publicadas, se duplicó el número de editoriales y se consolidó una red cercana a 1.500 librerías, una de las más densas de América Latina en relación con la población.
Un modelo que se replica en potencias editoriales
La CAL recordó además que sistemas similares de precio fijo para el libro rigen en países con fuerte tradición editorial, como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur. Estos marcos normativos apuntan a proteger la cadena de valor del libro y a garantizar un acceso plural a la lectura, evitando posiciones dominantes de grandes operadores comerciales.
Entre los beneficios de la ley argentina, la cámara destaca que el precio uniforme brinda previsibilidad al mercado, facilita el cálculo de regalías de los autores y ayuda a combatir la piratería, al establecer un valor de referencia claro para las ediciones legales. A su entender, la derogación implicaría un retroceso en todos estos aspectos.
“La Ley de Defensa de la Actividad Librera cuenta con un amplio consenso entre editores, libreros, distribuidores y autores. Su eliminación pondría en riesgo el desarrollo de la industria editorial argentina y reduciría la diversidad de títulos disponibles”, remarcó la CAL.
La entidad pidió a las autoridades nacionales y a los legisladores sostener el marco legal vigente y abrir instancias de diálogo con todos los actores del sector antes de avanzar con cambios que, advierten, podrían tener consecuencias irreversibles para las librerías de proximidad y para el acceso de los lectores a una oferta amplia y plural de libros.

