Indignación por la excarcelación del padre de Sofía Delgado
Un fuerte malestar se desató en la familia de Sofía Delgado y en su entorno cercano luego de que su padre, Esteban Ramón Delgado, recuperara la libertad por un insólito error administrativo de la fiscalía interviniente en la causa. El hombre estaba detenido desde diciembre de 2024, acusado de haber abusado sexualmente de sus dos hijas cuando eran menores de edad.
La excarcelación se produjo en la provincia de Santa Fe, donde se investiga el femicidio de Sofía, la joven de 20 años asesinada en 2024. Según informaron medios locales, entre ellos Cadena 3, la prisión preventiva que pesaba sobre Delgado venció sin que el Ministerio Público Fiscal solicitara la prórroga en los plazos establecidos, lo que obligó al juez Ariel Cattáneo a ordenar su inmediata liberación.
El caso quedó envuelto en una fuerte controversia institucional. La investigación por los abusos pasó a comienzos de junio de manos del fiscal Maximiliano Nicosia al fiscal Javier Paz. Cuando se produjo el cambio de funcionario, el plazo de la medida cautelar aún estaba vigente, por lo que la extensión debía ser pedida por el nuevo fiscal. Esa gestión nunca se concretó y el vencimiento operó automáticamente.
Ante la repercusión pública, desde la Fiscalía Regional informaron que se inició un relevamiento interno para determinar responsabilidades y revisar el circuito administrativo que derivó en la liberación. Sin embargo, para la familia de Sofía y su representación legal, el daño ya está hecho y la situación genera un profundo sentimiento de desprotección.
Críticas al accionar judicial y preocupación de la familia
El abogado de la familia Delgado, Gabriel Filippini, expresó su indignación por la decisión judicial: “Es inaceptable que Esteban Delgado haya quedado en libertad por la falta de pedido de prórroga de la prisión preventiva”, sostuvo en declaraciones radiales. El letrado advirtió que no se trata de un mero descuido burocrático, sino de una falla grave en el funcionamiento del sistema de justicia.
Filippini también señaló otra irregularidad que alimentó la preocupación de las víctimas: la Justicia fijó como domicilio de Delgado una vivienda ubicada a solo 300 metros del hogar donde residen las denunciantes. Esta cercanía, advirtió, profundiza el miedo y la sensación de vulnerabilidad de la familia, que ahora reclama medidas urgentes de protección.
Delgado enfrenta una imputación por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, una figura que prevé penas elevadas. Pese a ello, la omisión de la fiscalía en solicitar la extensión de la preventiva derivó en su salida de la cárcel mientras la causa por los abusos sigue en trámite.
El femicidio de Sofía Delgado y el avance de la causa principal
Paralelamente, continúa la investigación por el femicidio de Sofía Delgado, considerado uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en Santa Fe. La joven fue vista por última vez el 30 de octubre de 2024 y su cuerpo fue hallado semanas después en una zona rural. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica y los investigadores sostienen la hipótesis de un crimen cometido “por placer”.
Por el asesinato de la joven permanecen detenidos tres hombres: Alejandro Bevilacqua, Eduardo Mordini y Brian Baumann. Están imputados por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, cometido contra una mujer mediando violencia de género, es decir, un femicidio agravado. En mayo, el juez Eduardo Romanini resolvió extender la prisión preventiva de los acusados por al menos seis meses más.
En el expediente también figuran dos mujeres imputadas, quienes fueron liberadas pero continúan sometidas a estrictas restricciones procesales. La causa se convirtió en emblema de la lucha contra la violencia de género en la región y puso bajo la lupa el desempeño de las instituciones encargadas de investigar y prevenir estos delitos.
La liberación de Esteban Delgado por un error en la tramitación de la prisión preventiva abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género.
Mientras la familia de Sofía insiste en que se revisen las decisiones adoptadas y se garantice seguridad para las denunciantes, las miradas vuelven a posarse sobre la responsabilidad del Estado en la prevención y sanción de este tipo de crímenes. El caso promete seguir generando debates y demandas de reformas en el ámbito judicial.
