Yacobitti valora el giro del Gobierno pero niega un acuerdo cerrado
NewsITe
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, sostuvo que el reciente acercamiento entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios marcó un punto de inflexión en la crisis universitaria, pero aclaró que el conflicto “todavía no terminó”. Según planteó, la discusión de fondo pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y por la recomposición salarial de docentes, nodocentes e investigadores.
En declaraciones radiales, Yacobitti reconoció que el Poder Ejecutivo realizó “un reconocimiento muy grande a nivel económico”, que estimó en torno al 60% de lo establecido por la normativa para salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. No obstante, remarcó que este avance no puede leerse como un acuerdo definitivo: las universidades insisten en que el Gobierno debe respetar integralmente la ley aprobada por el Congreso y convalidada en la Justicia.
El dirigente universitario destacó que, tras casi dos años de fuertes tensiones, la apertura de una mesa de diálogo constituye una novedad. Señaló que esta etapa permitiría discutir no solo cuestiones presupuestarias, sino también el rumbo de las políticas académicas, las prioridades en investigación y el rol de la universidad pública frente a los cambios tecnológicos y sociales.
Yacobitti vinculó el cambio de tono oficial con el impacto político de las masivas movilizaciones en defensa de la educación superior. Recordó que la última marcha federal universitaria desbordó el ámbito académico e involucró a referentes de la cultura y a amplios sectores sociales preocupados por la situación presupuestaria de las instituciones.
Reclamo por la ley, salarios y recursos humanos
El vicerrector subrayó que las universidades no abandonarán la vía judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Cuestionó la demora en la resolución del planteo y advirtió que no puede naturalizarse que las normas queden en suspenso indefinidamente. En paralelo, describió los efectos del ajuste sobre el sistema: pérdida de estudiantes que no pueden sostener sus estudios, reducción de dedicaciones docentes y migración de profesionales hacia otros sectores o países.
En ese marco, alertó sobre una “fuga muy grande” en investigación y ciencia, al señalar que muchos investigadores se volcaron a actividades mejor remuneradas fuera del ámbito universitario. Para Yacobitti, ningún país puede aspirar al desarrollo si desatiende su sistema científico-tecnológico y deja de invertir en áreas estratégicas para el futuro.
Auditorías, política nacional y futuro de la universidad
Frente a las críticas del oficialismo sobre el uso de los recursos, Yacobitti defendió la transparencia de las universidades y recordó que las auditorías de la Auditoría General de la Nación se realizan y publican de manera regular. Aseguró estar “tranquilo” con los controles y consideró positivo que se revisen todos los fondos públicos, siempre que no se utilice el argumento del control para justificar recortes.
- Reclamo por el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Preocupación por la caída de matrículas y la pérdida de docentes e investigadores.
- Defensa de las auditorías existentes y pedido de no politizar los controles.
- Llamado a sostener un diálogo permanente con el Gobierno nacional.
“Salimos de la emergencia, pero el conflicto universitario todavía no terminó”, resumió Yacobitti, al remarcar que la nueva etapa de negociación abre una oportunidad para definir el rumbo de la universidad pública argentina.
Al analizar el escenario político más amplio, el vicerrector cuestionó el rol del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió construir una alternativa opositora que vaya más allá de una mera coalición electoral. También opinó sobre una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri y fue tajante al evaluar la actual gestión de Javier Milei: a su entender, la educación no figura entre las prioridades del Gobierno. Aun así, confió en que el nuevo canal de diálogo permita discutir políticas de largo plazo para garantizar la sustentabilidad del sistema universitario.
