Crecen las críticas a la política habitacional de Ziliotto
NewsITe
La política habitacional del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quedó en el centro de la escena luego de una protesta frente al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), en Santa Rosa. La propia conducción del organismo reconoció que más de 2.500 familias están inscriptas y en condiciones de participar de un sorteo para acceder a una vivienda, sólo en la capital provincial.
La manifestación, realizada el 2 de septiembre, estuvo integrada en su mayoría por mujeres que llevan años anotadas en el registro de demanda. Muchas de ellas expusieron situaciones de extrema vulnerabilidad vinculadas a alquileres que se vuelven impagables, enfermedades crónicas, discapacidades y la crianza de hijos menores sin red de contención suficiente.
Mientras una delegación de manifestantes ingresó al edificio del IPAV para mantener una reunión con las autoridades, el resto permaneció sobre la vereda con carteles y reclamos por una respuesta más rápida. Una de las mujeres aseguró que lleva más de dos décadas inscripta, relató que su marido depende de oxígeno y no puede trabajar, y que uno de sus hijos tiene una discapacidad. Según explicó, presentó reiteradas veces la documentación médica que respalda su situación.
Esos testimonios, si bien no implican un derecho automático a la adjudicación por fuera de los mecanismos establecidos, dejan en evidencia el impacto social de una lista en la que se mezclan necesidades habitacionales históricas con casos de urgencia sanitaria y social. El planteo principal de los vecinos es que los expedientes más críticos tengan una evaluación particular, con intervención de equipos de trabajadores sociales y criterios de prioridad claros.
La postura del IPAV y el impacto del ajuste nacional
La presidenta del IPAV, Érica Riboyra, defendió el sorteo público como único mecanismo de adjudicación de viviendas y negó que la entrega pueda definirse según quién reclama con mayor intensidad o logra más visibilidad mediática. Al mismo tiempo, confirmó la magnitud de la demanda al admitir que en Santa Rosa hay más de 2.500 familias en condiciones de participar de los próximos sorteos.
Riboyra atribuyó buena parte de la crisis habitacional a la paralización de programas y obras financiadas por la Nación durante la gestión de Javier Milei. Aseguró que, frente a ese recorte, la Provincia continúa avanzando con la construcción de viviendas mediante recursos propios, aunque con un alcance limitado respecto de la demanda existente.
El reconocimiento oficial mantiene, sin embargo, el foco sobre la administración de Ziliotto. El IPAV es el encargado de manejar el registro de postulantes, definir prioridades, administrar los cupos disponibles y transparentar los procesos de adjudicación. En ese marco, la protesta de las familias busca no sólo más viviendas, sino también criterios de selección que contemplen la gravedad de ciertos casos.
Demanda creciente y programas insuficientes
Otro dato que dimensiona el escenario es que la demanda actual supera con creces los programas en marcha. En marzo de 2025, el Ejecutivo pampeano anunció una operatoria de financiamiento por $28.000 millones destinada a 700 familias con lote propio, lo que supone un paso importante pero insuficiente frente a los más de 2.500 hogares inscriptos sólo en Santa Rosa.
- El programa provincial se enfoca en familias que ya cuentan con terreno, dejándolas en mejores condiciones para iniciar la construcción.
- Quienes no tienen lote deben seguir apostando a la adjudicación tradicional del IPAV, donde la oferta de viviendas es mucho menor a la demanda.
En este contexto, organizaciones sociales y vecinos reclaman una revisión integral de la política habitacional pampeana. Piden ampliar los cupos, diversificar las herramientas de acceso a la vivienda y jerarquizar los casos de emergencia mediante un sistema claro y verificable. Mientras tanto, la protesta frente al IPAV dejó en evidencia una tensión creciente entre las expectativas de las familias y las posibilidades reales de respuesta por parte del Estado provincial.
“No pedimos un privilegio, pedimos que se vean nuestras historias y se prioricen las situaciones más graves”, resumió una de las manifestantes al término de la reunión con las autoridades.
La gestión de Ziliotto enfrenta así el desafío de equilibrar restricciones financieras con un derecho básico como el acceso a una vivienda digna, en un contexto nacional de ajuste y obras paralizadas.
