Marcelo Cortés, delegado de ATE y secretario general de la CTA Autónoma de Villa Constitución, sigue reclamando públicamente que el Municipio le garantice las condiciones necesarias para que pueda cumplir con sus tareas laborales en el lugar correspondiente.
En esta instancia, luego de varias reuniones, acuerdos e incluso al haber logrado el respaldo de la Justicia, el empleado continúa sin poder ingresar a su oficina en las instalaciones en el obrador municipal, dado que el acondicionamiento del espacio sigue sin ser apto para que pueda ingresar en su silla de ruedas.
Han hecho obras
En conferencia de prensa, Cortés comenzó: “Yo le inicio una demanda a la Municipalidad porque a raíz de mi enfermedad estoy en silla de ruedas y no puedo ingresar a mi oficina. Después de buscarlo de muchas formas, a través del diálogo y por nota, fuimos a la Justicia que me dio la razón y estoy acá porque la Asesoría Legal de la Municipalidad ha informado al juez que ya terminaron la obra para que pueda entrar a trabajar. Pero resulta que han hecho la entrada en el obrador, han hecho un baño, una rampa, han cambiado las puertas para que pueda marcar la tarjeta, pero no han cambiado la puerta de mi oficina para que pueda entrar con la silla de ruedas”.
En este sentido detalló: “La puerta es de 62 cm y las sillas de ruedas son de 74 cm, así que por más que venga acá a la mañana y marque mi tarjeta no puedo entrar a mi oficina. Entonces yo quería que esto se haga público, que la ciudadanía lo sepa, como también lo va a saber el juez, para que vea y que no lo estén engañando, porque no se está cumpliendo con la parte más importante para que se pueda desempeñar mi derecho de ejercer como delegado de ATE y secretario general de la CTA”.
Un arreglo ficticio
“Entonces queda claro que esto es todo un tanto ficticio para tirar la pelota para adelante, pero a mí lo que más me interesa es volver a trabajar”, señaló y añadió: “Yo me podría haber quedado como diciendo ‘cobro el sueldo y me quedo’. Pero no, yo quiero volver a trabajar, quiero desempeñar mis funciones acá en el obrador”.
Luego manifestó: “Hace más de 43 años que trabajo en la Municipalidad. Así que yo creo que me merezco otro final y si así no fuera, me quedo tranquilo de que he vivido como hablo y pienso”.
“El tema acá es que se lo trata de engañar al juez y a la comunidad”, sentenció y reiteró: “A mí lo que me interesa es volver a trabajar porque todo esto lleva su costo legal, su pena por cada día que no cumple con la sentencia y los costos de honorarios que lo pagamos entre todos, pero a mí lo que me interesa es volver a trabajar”.
Posteriormente recordó: “Esto viene desde el 2018, desde abril de ese año, porque hasta ese momento yo venía, me bajaba de la silla, los compañeros me ayudaban, cerraban la silla, la entraban a la oficina y yo me sentaba. Hasta que un día me cansé y dije que no tengo por qué estar haciendo todo este espectáculo; el problema no soy yo, sino que solamente era cambiar una puerta”.
Inserción laboral
Por su parte, Claudia Baigorria, secretaria general de la CTA Autónoma de Santa Fe, expresó: “Hemos ido con este reclamo por la vía política, por la vía del diálogo. Hemos hablado con todos los concejales de los distintos bloques que apoyaron tirando el acompañamiento a su reclamo y se suponía que iba a haber manifiesta voluntad política por parte del Ejecutivo municipal, cuestión que hubo que terminar dirimiendo en la Justicia”.
“Justicia que también nos dio la razón pero que hoy por hoy se está incumpliendo. La legislación a nivel nacional protege y obliga a las patronales a dar las condiciones a las personas con discapacidad para insertarse en las distintas áreas, no solamente en el Estado, sino en el sector privado”, recalcó.
“En este caso no es una demanda por alimentos, no es un abandono de persona por un tema alimentario porque se le está pagando el sueldo”, aclaró, pero insistió: “Lo que no se le permite es el cumplimiento de sus tareas habituales”.
En tanto, señaló: “En la provincia no hay un hecho como este, por lo menos que nosotros conozcamos. En general hay reclamos que tienen que ver más con cuestiones alimenticias. Pero acá pareció, en algún momento, que iba a tener un buen cauce y un buen final por el compromiso y porque la Justicia acompañó y, sin embargo, no se está cumpliendo”.
“Será por este desinterés, por una cuestión de que no se lo está obligando, pero en su momento va haber costos también para la Municipalidad, y como dijo Marcelo, lo terminan pagando los contribuyentes”, advirtió.
Primero el diálogo, luego la vía legal
En tanto, consultada acerca de cómo van a proceder ante el incumplimiento, respondió: “En principio el juez tiene que enterarse de que se está incumpliendo la sentencia que dictaminó la Justicia. Entendamos que hay costas que corren día a día para que se puede agilizar el cumplimiento efectivo, no sé cómo podrá después resolverlo, pero lo que tiene que hacer es construir la puerta, simplemente eso para que Marcelo puede ingresar a su lugar de trabajo”.
“Así que por ahora nuestra denuncia es pública, denuncia política y de carácter social, y llevaremos después las notas que haya que llevar al intendente. Pediremos las audiencias que haya que pedir como para tratar de resolver por la vía del diálogo, como ha sido nuestra forma, pero si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, también habrá que profundizar por el lado legal”, finalizó.
