La Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS 1982 sostiene que una reglamentación del Poder Ejecutivo restringió derechos que el Congreso había reconocido por ley. Mientras la causa espera una definición de la Corte Suprema, la entidad convocó a una colecta de firmas para los días 8 y 9 de agosto.
Más de 40 años después de la Guerra de Malvinas, un grupo de veteranos volvió a llevar a la Justicia un reclamo que considera pendiente desde el retorno de la democracia. La Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS 1982 – Concertación TOAS impulsa un amparo colectivo para que se determine si el Decreto Reglamentario 509/88 incorporó restricciones que no estaban previstas en la Ley 23.109, sancionada por el Congreso.
Según explicó la entidad, el objetivo de la demanda no es definir quiénes deben ser considerados veteranos de guerra, sino establecer si el Poder Ejecutivo podía limitar mediante un decreto derechos que ya habían sido reconocidos por una ley nacional. En paralelo, la organización convocó a una colecta de firmas para los días 8 y 9 de agosto, con el propósito de acompañar el planteo judicial.
Qué cuestionan los excombatientes
El reclamo se centra en la reglamentación dictada en 1988 para aplicar la Ley 23.109. De acuerdo con la asociación, ese decreto incorporó condiciones que el Congreso no había establecido al momento de reconocer a los Veteranos de Guerra del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
Por ese motivo, el amparo solicita que la Justicia determine si el Poder Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria al imponer requisitos que, según los demandantes, restringieron derechos reconocidos por la ley.
La causa todavía no llegó al fondo de la discusión
Durante el trámite del expediente, la jueza de primera instancia solicitó un informe al Estado antes de resolver una medida cautelar.
En su respuesta, el Estado sostuvo que una eventual suspensión del decreto podría afectar el interés público y generar consecuencias presupuestarias por posibles reclamos vinculados con pensiones.
Sin embargo, la asociación cuestionó ese planteo y afirmó que la magistrada rechazó la acción sin abrir el proceso ni analizar la constitucionalidad del decreto.
La Corte Suprema deberá resolver primero una cuestión procesal
El expediente ya llegó a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el máximo tribunal todavía no analiza la validez del Decreto 509/88.
Antes deberá resolver una discusión vinculada con los plazos procesales y el sistema de notificaciones electrónicas para determinar si el recurso presentado por la asociación fue interpuesto dentro del plazo legal.
Si esa cuestión se resuelve a favor de los demandantes, la Corte podría abrir por primera vez el debate sobre el fondo del reclamo y analizar si la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo en 1988 se ajusta o no a la Constitución Nacional.
Convocan a una colecta de firmas
Mientras el expediente continúa su recorrido judicial, la Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS 1982 – Concertación TOAS convocó a una colecta de firmas para los días 8 y 9 de agosto con el objetivo de respaldar el amparo colectivo.
La iniciativa también busca visibilizar un reclamo que, según la entidad, continúa sin una respuesta judicial definitiva más de cuatro décadas después del conflicto del Atlántico Sur.
