Proyecto para castigar con más dureza a los conductores homicidas
NewsITe
La diputada nacional por Mendoza, Pamela Verasay (UCR), presentó en el Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas por homicidios y lesiones en siniestros viales, así como para castigar de manera específica a quienes conducen alcoholizados. La iniciativa, elaborada junto a su par Lisandro Nieri, busca dar respuesta a una problemática que en la Argentina provoca alrededor de 4.000 muertes por año.
Según datos del Observatorio Vial de la Secretaría de Transporte, en el primer semestre del año se registraron 1.938 fallecidos en hechos de tránsito, lo que representa un promedio de casi 11 personas por día. Más de la mitad de las víctimas pierde la vida en rutas nacionales y provinciales, la mayoría en horario nocturno y como consecuencia de colisiones. Los hombres jóvenes son el grupo más afectado: el 78% de las víctimas son varones y el 44% tiene entre 15 y 34 años. Casi la mitad de los fallecidos son motociclistas.
Verasay sostiene que detrás de muchas de estas tragedias no hay “accidentes” sino delitos viales evitables, vinculados al consumo de alcohol y drogas, el exceso de velocidad o la fuga tras un choque. Organizaciones como Luchemos por la Vida estiman que entre el 20% y el 25% de las muertes en el tránsito se producen con alcoholemias positivas, y que el exceso de velocidad está presente en entre el 40% y el 50% de los casos.
Claves del proyecto para reformar el Código Penal
La propuesta legislativa prevé tres ejes centrales. En primer lugar, aumenta las escalas penales para los delitos de homicidio y lesiones viales. El homicidio culposo en ocasión de un siniestro de tránsito pasaría a tener penas de entre 3 y 5 años de prisión en su figura básica, y de 4 a 10 años cuando existan agravantes, como conducir alcoholizado, drogado, a velocidades marcadamente excesivas o participar en “picadas”. Para las lesiones graves se fijan penas de 2 a 6 años.
En segundo término, se crea una figura penal autónoma para la conducción con alcoholemia positiva por encima del límite legal, aun cuando no se haya producido un resultado fatal. De esta manera, se busca intervenir antes de que ocurra la tragedia y dejar de considerar el manejo alcoholizado como una infracción menor mientras no haya víctimas.
El tercer punto del proyecto apunta a cerrar un vacío procesal vinculado a la prescripción de las causas. La iniciativa establece que el plazo de prescripción se reinicie cuando una condena sea confirmada por una instancia superior, con el objetivo de evitar casos en los que una sentencia firme termine caducando por demoras procesales.
Prisión efectiva y mayor inhabilitación para conducir
Con las nuevas reglas, un conductor que maneje alcoholizado, cause la muerte de una persona y se encuadre en la figura agravada podría recibir una pena de entre 4 y 10 años de prisión, además de una inhabilitación para conducir de entre 8 y 12 años. El proyecto excluye la posibilidad de condenas condicionales en estos supuestos, lo que implicaría prisión efectiva.
- Endurecimiento de las penas por homicidios y lesiones viales.
- Creación de un delito específico por conducir alcoholizado.
- Reforma del régimen de prescripción para evitar la impunidad.
- Inhabilitaciones más largas para quienes matan al volante.
“Manejar alcoholizado o huir después de un choque no es un accidente: es una decisión que pone en riesgo a otros”, enfatiza Verasay, quien reclama que la Justicia esté “del lado de las víctimas”.
La legisladora mendocina admite que la ley penal es la “última ratio” y que debe complementarse con una política integral que incluya educación vial desde la escuela, campañas de concientización y controles de alcoholemia más frecuentes. No obstante, considera clave actualizar un marco normativo que, a su juicio, quedó desfasado frente a la magnitud del problema y que limita la capacidad de los jueces para dictar sentencias proporcionales al daño causado.
Verasay asegura que está trabajando para sumar apoyo de todas las bancadas y pide dejar de lado las especulaciones partidarias para avanzar en una reforma que, sostiene, enviaría un mensaje claro a la sociedad: matar al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas es un delito grave y tendrá consecuencias reales.
