La Justicia avanza sobre los beneficiados por el Vacunatorio VIP
NewsITe
La investigación judicial por el denominado Vacunatorio VIP entra en una fase clave con una nueva ronda de indagatorias a quienes habrían recibido la vacuna contra el Covid-19 de forma irregular durante la etapa más crítica de la pandemia. Se trata de funcionarios, dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y allegados que, según la pesquisa, accedieron a un bien considerado “escaso” cuando la mayoría de la población aún esperaba su turno.
En este tramo de la causa, el fiscal federal Eduardo Taiano apunta a determinar las responsabilidades de los beneficiados por el esquema de privilegios. La hipótesis de la fiscalía es que quienes aceptaron vacunarse fuera de los criterios oficiales fueron partícipes necesarios del delito de peculado, es decir, del uso indebido de bienes públicos. Las audiencias se realizan en los tribunales de Comodoro Py y se extenderán hasta los primeros días de diciembre.
Esta semana declaró Irene Ibon López, señalada por haber recibido dosis sin reunir los requisitos sanitarios vigentes en ese momento. Días antes se había presentado Lucía Antolini, médica que rechazó las imputaciones ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del expediente. Ambas forman parte del grupo de nuevas personas citadas a dar explicaciones sobre cómo accedieron a la vacunación anticipada.
Hasta ahora, sólo tres ex funcionarios fueron procesados en el marco de este caso: Marcelo Ariel Guille, ex secretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Maceira, ex director del Hospital Posadas, uno de los puntos centrales de la pesquisa.
El propio González García, cuya salida del Ministerio de Salud nacional se produjo tras estallar el escándalo en 2021, también estaba bajo investigación, pero no llegó a ser procesado debido a su fallecimiento a los 79 años. Su figura quedó asociada al armado del circuito de vacunación privilegiada que hoy revisa la Justicia federal.
Fechas clave y quiénes deberán presentarse a declarar
La agenda de citaciones fijada en Comodoro Py incluye a figuras del mundo político, empresarial y sindical, además de familiares y allegados. Las indagatorias se extenderán hasta el 9 de diciembre, en una seguidilla de audiencias que busca esclarecer el alcance real del Vacunatorio VIP.
- Octubre: entre otros, deberán presentarse Néstor Eduardo Mandraccio (7/10), Adriana Mónica Avella (9/10), Rito Ramírez (14/10), Horacio Alejandro Cortez (16/10), María Felisa Mango (19/10), Marcelo Jorge Duhalde (21/10), Celina María Isabel Vega (23/10), Claudio Daniel Pardo (26/10) y María Alejandra Cottini (28/10).
- Noviembre: se suman, entre otros, Camilo Martelletti (2/11), Inés del Carmen Páez Dalessandro (4/11), Graciela Margarita Miranda (6/11), María de los Ángeles Domínguez (9/11), Patricia Alsua (11/11), Esteban Collazo (13/11), Filomena Marta Burgos (16/11), Jorge Héctor “Topo” Devoto (18/11), Hugo Curto (20/11), Seza Manukian y el periodista Horacio Verbitsky (25/11), las hermanas Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey (27/11) y Félix Eulogio Guille junto a Florencio Aldrey (30/11).
- Diciembre: el cronograma cierra con los ex funcionarios Eduardo Valdés y Jorge Taiana (2/12), el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda González de Duhalde (4/12), además de Juliana Duhalde y María Eva Duhalde (9/12).
La causa por el Vacunatorio VIP se convirtió en uno de los expedientes emblemáticos sobre el uso de recursos públicos durante la pandemia y el manejo de privilegios en el acceso a la salud.
Con este extenso calendario de citaciones, el expediente entra en una etapa decisiva. De las declaraciones que se tomen en las próximas semanas surgirán definiciones clave sobre si se amplían los procesamientos, si se dictan sobreseimientos o si se avanza hacia un eventual juicio oral. El caso sigue de cerca el funcionamiento del Estado durante la emergencia sanitaria y podría fijar precedentes relevantes en materia de responsabilidad penal de funcionarios y particulares frente al uso de bienes públicos esenciales.
