El juez Carlos Villafuerte Ruzo decidió conforme al dictamen del fiscal Matías Di Lello en cuanto a la incompetencia de la Justicia Federal para investigar el escándalo revelado por este diario en torno a irregularidades que se podrían haber cometido en la campaña de vacunación COVID llevada a cabo en el Hospital San Felipe. Ahora el juez de Garantías debe decidir si la Justicia provincial retoma la investigación o envía la causa a la Corte Suprema para que el máximo tribunal resuelva la cuestión de competencia.
De la redacción de EL NORTE
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El juez de Garantías Román Parodi recibió la causa conocida como «Vacunados VIP» en la que se investigan presuntas irregularidades en la campaña de vacunación contra el COVID-19 que lleva a cabo el Hospital San Felipe en San Nicolás.
Este diario revelaba en febrero pasado que en San Nicolás se había vacunado contra el coronavirus entre el 29 de diciembre y –aproximadamente– el 18 de enero a personas ajenas al grupo de profesionales intensivistas y personal de salud en contacto con pacientes, quienes eran los únicos destinatarios de la vacuna Sputnik V durante aquella primera etapa de inmunización.
La fiscal Verónica Marcantonio actuó de oficio y allanó las oficinas administrativas del San Felipe como el vacunatorio que por entonces funcionaba en la ENET 2. Ese procedimiento permitió acceder al registro de vacunados, que prueba lo investigado periodísticamente.
La actuación de Marcantonio fue clave para asegurar ese material probatorio. Poco después la fiscal declinó seguir investigando por entender que se trataba de un asunto de interés federal al interpretar que la campaña de vacunación es nacional.
Entonces el juez de Garantías Román Parodi envió el expediente y el material probatorio al fuero federal, que entendió que se trata de un asunto de competencia provincial en virtud de que, en palabras del fiscal federal Marías Di Lello, “si bien es cierto que es el Estado nacional ha elaborado el Plan nacional de vacunación contra COVID-19, el mismo ha delegado en las provincias la elaboración de los planes de acción para llevar a cabo tal fin”.
Así lo entendió Di Lello y se lo comunicó al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien finalmente decidió conforme al dictamen del fiscal y agregó documentación en el sentido de la incompetencia de la Justicia Federal para investigar las presuntas irregularidades.
Por tal motivo, la causa regresó a la Justicia provincial. Ahora el juez Parodi tiene dos opciones: devolver la investigación a la fiscal Marcantonio (u otro funcionario del Ministerio Público), o bien enviarla a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ese máximo Tribunal resuelva la cuestión de la competencia.
Todo indica que será esto último lo que termine ocurriendo en virtud de que Parodi ya entendió que la causa debiera tramitarse en la Justicia Federal.
Si el expediente se remite a la Corte Suprema, bueno, los tiempos se dilatarán y el camino hacia la verdad será mucho más largo. Es sabido que el máximo Tribunal de Justicia suele tomarse un tiempo indefinido para resolver determinadas cuestiones.
Lo concreto es que lo investigado por EL NORTE empezaba a probarse en el expediente judicial. De hecho, en el registro de vacunados secuestrado por la Justicia están acreditados nombres y apellidos de los apuntados por vacunarse irregularmente.