Alertan retrasos en el pago del Potenciar Trabajo, falta de partidas alimentarias y de herramientas laborales.
La tregua a la que habían llegado los movimientos sociales no alineados con el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social podría terminar y derivar en la primera movilización piquetera del 2023. “Se constató que no se han cumplido en su totalidad los compromisos asumidos por la ministra Victoria Tolosa Paz”, apuntaron desde la Unidad Piquetera, tras haberse reunido la semana pasada con la funcionaria en la que acordaron una serie de puntos.
De acuerdo con el frente liderado por el Polo Obrero, Barrios de Pie– Libres del Sur y el MST, “en caso de que se postergue nuevamente el pago del Potenciar Trabajo, inmediatamente habrá piquetes en todo el país”. De concretarse el escenario, la fecha estipulada para el plan de lucha es el jueves 5. “Estamos en estado de alerta”, afirmaron. Además, exigieron para febrero y marzo “un bono de recomposición salarial por el deterioro inflacionario”.
En paralelo, también volvieron a manifestarse en contra del refuerzo para ayudas sociales que el Gobierno acordó con los movimientos piqueteros oficialistas de $13.500 a liquidarse en dos cuotas. “Rechazamos el acuerdo firmado por Tolosa Paz con la oficialista UTEP, que demora hasta abril esa compensación, y que además busca modificar las condiciones del programa potenciar trabajo en función de una política de bajas masivas”, expresaron.
En cuanto a los incumplimientos que denuncian, desde la Unidad Piquetera también agregaron que “en lo referente a alimentos secos y navideños, en el caso de estos últimos, hubo provincias enteras que se pasaron las fiestas sin un pan dulce en sus mesas”. Además, sobre los beneficiarios del Potenciar Trabajo, denunciaron que “tampoco han llegado las herramientas comprometidas, que según la ministra ‘llegarían en 48 horas’”.
Reempadronamiento del Potenciar Trabajo
A eso se suma la decisión del Gobierno de que aquellos que integran el Potenciar Trabajo deban realizar un reempadronamiento de datos obligatorio para seguir cobrándolo. Se trata del plan de reestructuración del programa tras la serie de irregularidades que se detectaron entre los beneficiarios. El plazo de este trámite, en el que más de 1 millón de personas ya validaron su identidad, será hasta el 15 de enero y algunos podrían quedar afuera.