La concentración en nuestra ciudad será hoy a las 17.30 en la Plaza Mitre. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a este retroceso que vulnera los derechos de miles de personas, sus familias y los trabajadores del sector. Exigimos una respuesta inmediata y concreta del Estado. La discapacidad no espera, los derechos no se vetan. Nos organizamos y salimos a las calles”, manifestaron.
De la Redacción de EL NORTE
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El presidente de la Nación, Javier Milei, vetó en su totalidad tres leyes sancionadas por el Senado el 10 de julio último: el aumento para las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. La decisión se publicó ayer lunes en el Boletín Oficial. Antes, había advertido que judicializaría las normas: “Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar”. Ante este escenario, prestadores locales sobre discapacidad anunciaron una movilización para mañana. La concentración será a las 17.30 en la Plaza Mitre. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a este retroceso que vulnera los derechos de miles de personas, sus familias y los trabajadores del sector. Exigimos una respuesta inmediata y concreta del Estado. La discapacidad no espera, los derechos no se vetan. Nos organizamos y salimos a las calles”, manifestaron.
La ley de Emergencia en Discapacidad busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
Actualizaciones, auditorías y talleres
Desde hace tiempo, los profesionales y entidades que brindan servicios esenciales —como terapias, transporte, educación especial y centros de día, entre otros— denuncian que el dinero que reciben por su trabajo no alcanza para cubrir los costos reales. Según los prestadores, los valores que paga el Estado, que deberían actualizarse periódicamente, se encuentran atrasados más del 70%. Esta brecha hace que mantener abiertos estos servicios sea cada vez más difícil y pone en riesgo la continuidad de la atención para miles de personas en relación a cuestiones fundamentales como la rehabilitación y la inclusión educativa y social.
A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron unas 600 de las 500.000 solicitudes. Por otro lado, se plantea aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero de 2023.
Argumentos oficiales
Entre las razones del veto, se explica que “las medidas sancionadas por el H. Congreso de la Nación conllevarían un aumento de aproximadamente el 6,00 % del gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente en términos anuales” y que “las cifras mencionadas dificultarían el cumplimiento de las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”.
La ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, manifestó su rechazo al proyecto y lo definió como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado”. Según la Agencia, la propuesta “desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
“Momento crítico”
Por su parte, organizaciones no gubernamentales denuncian recortes en pensiones y servicios y exigen la ley. De las marchas previas al Congreso participaron prestadores, personas con discapacidad, familiares, trabajadores de la salud y asociaciones como TEActiva y Discas en Lucha, entre otras.
La especialista en Gestión de Servicios para la Discapacidad y directora Ejecutiva de Cooperanza María Florencia Moliterno había adelantado a EL NORTE: “El sector de las personas con discapacidad atraviesa un momento crítico. De concretarse el veto, se pondrían en riesgo prestaciones esenciales que ya han sido reconocidas por ley y por tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención, firmada y ratificada por nuestro país, establece obligaciones concretas para garantizar la plena inclusión, participación y dignidad de las personas con discapacidad”. “La falta de respuestas estructurales y la invisibilización de las necesidades de este colectivo y sus familias impactan directamente en su calidad de vida, en los apoyos, en los tratamientos y en sus derechos”, agregó.
Próximas acciones legislativas
Como establece el artículo 83 de la Constitución Nacional, después del veto el proyecto regresa a la primera Cámara donde comenzó su debate en el recinto. Si se aprueba con dos tercios de los votos, pasa a la Cámara de revisión (si se introdujo en la Cámara de Diputados, la Cámara de revisión es el Senado y viceversa). En estos casos las votaciones son “nominales”, por sí o por no. Entonces, si en las dos Cámaras la mayoría vota sí, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado. En cambio, si las Cámaras difieren, el proyecto no podrá volver a debatirse en las sesiones de ese año. Por su parte, el presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.
En el caso de la ley de Emergencia en Discapacidad -y las recientemente vetadas- a partir de ahora, la posibilidad de que el Congreso insista dependerá de la oposición, que debería reunir una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes en Diputados para forzar su promulgación. Aunque en el Senado, las iniciativas habían recibido un respaldo amplio, en el oficialismo creen que cuentan con el número suficiente para frenar un intento de insistencia y preservar la vigencia de los vetos. El número de diputados que votaría en contra de la insistencia sobre los proyectos vetados recientemente aún no está definido, ya que depende de la asistencia y las abstenciones en la sesión en cuestión, así como también de la decisión de los diputados que se abstuvieron o no participaron en las votaciones originales.
