El Gobierno define el marco para la economía de plataformas.
El Gobierno nacional oficializó que la Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación del nuevo régimen que regula los servicios privados de transporte de pasajeros y reparto de mercancías prestados mediante plataformas tecnológicas, como Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La norma asigna a Transporte, que depende del Ministerio de Economía, la responsabilidad de supervisar y controlar el funcionamiento de estas plataformas y de los prestadores independientes que realizan su actividad a través de aplicaciones móviles. El objetivo oficial es unificar criterios regulatorios en un sector en plena expansión, atravesado por debates laborales, fiscales y de seguridad vial.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo mantendrá injerencia en materia de convenios colectivos que eventualmente surjan en el sector, aunque el nuevo esquema ratifica que los vínculos entre plataformas y prestadores quedan fuera del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo. Se trata de uno de los ejes centrales de la reforma laboral aprobada por el Congreso, que creó un régimen específico para la llamada “economía de plataformas”.
Conductores y repartidores, bajo un régimen particular
Con este decreto, el Poder Ejecutivo reafirma el criterio de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes, sujetos a una regulación propia y diferenciada del esquema laboral tradicional. Según fuentes oficiales, esta clasificación apunta a otorgar flexibilidad operativa a las empresas de tecnología y a los usuarios que eligen estos servicios para movilizarse o recibir productos a domicilio.
No obstante, el modelo genera controversias desde hace años. Diversos fallos judiciales, reclamos sindicales y pronunciamientos de organizaciones de trabajadores de apps cuestionan que se excluya a este colectivo de los derechos y protecciones previstos en la legislación laboral general, como aguinaldo, vacaciones pagas, indemnizaciones y cobertura integral de riesgos del trabajo.
Previsibilidad regulatoria para un sector en expansión
En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumenta que la naturaleza principal de estos servicios está asociada con la movilidad y la logística, por lo que su supervisión debe recaer en organismos con competencias técnicas específicas en esas materias. La Secretaría de Transporte deberá ahora definir protocolos, controles y criterios de registro tanto para las empresas como para los prestadores.
- Definición de un régimen regulatorio especial para servicios de transporte y reparto por apps.
- Centralización del control en la Secretaría de Transporte, con apoyo de Trabajo en materia colectiva.
- Confirmación del estatus de trabajadores independientes para conductores y repartidores.
- Búsqueda de mayor previsibilidad normativa para empresas y usuarios.
La redefinición del rol del Estado en el control de Uber, Cabify, Rappi y otras plataformas se da en un contexto de fuerte crecimiento de la economía de aplicaciones, impulsado por cambios en los hábitos de consumo, la digitalización y la búsqueda de ingresos complementarios por parte de miles de trabajadores. El desarrollo de la reglamentación y su impacto en las condiciones reales de trabajo será clave para medir el alcance efectivo de este nuevo esquema.
