La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC ) presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte y pidió la intervención urgente del Ministerio de Economía. Cuestionan el sistema de cobro asociado al tránsito pesado en un el tramo de 5,1 kilómetros del acceso a Sánchez que conecta con el potente polo industrial de ese distrito y con el Puerto de San Nicolás.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó una denuncia administrativa contra la Municipalidad de Ramallo, por lo que considera un cobro irregular de peajes y tasas vinculadas al tránsito pesado. Tiene que ver con el polémico peaje municipal que el intendente Mauro Poletti cobra, a modo de tributo local, en el acceso a la localidad de Sánchez, una zona de tránsito obligado para los camiones que ingresan hacia la potente zona industrial en que operan Ternium, Bunge y las empresas del parque Comirsa. También cuestionan la aplicación de la tasa vial para el mantenimiento de caminos rurales.
La entidad de transportadores solicitó una reunión urgente y presencial con autoridades de la Secretaría de Transporte, además de una intervención del Ministerio de Economía de la Nación para impulsar medidas que suspendan la aplicación del esquema cuestionado.
En rigor, son dos los esquemas cuestionados. El primero es el que tiene que ver con la tasa vial del 2% sobre cada litro de combustible vendido en el distrito, recursos que en teoría van a parar a un fondo municipal para el mantenimiento de los caminos rurales. Tal medida fue aprobada por el Concejo Deliberante en diciembre de 2025 y se encuentra vigente desde enero de este año, con las estaciones de servicio como agentes de retención.
Peaje municipal
El segundo cuestionamiento surge de la Licitación Pública N° 3/25, que adjudicó a Plus Byte SRL una concesión a 20 años para instalar dos pórticos con pesaje dinámico y control por TAG RFID, a cambio del mantenimiento de un tramo de unos 5,1 kilómetros (bacheo, iluminación, señalización, corte de pasto).
Según la presentación, la normativa prevé hasta $25.000 por cada ingreso a la playa municipal o predios privados y hasta $37.000 por control de pesaje, a cargo de las empresas titulares de los vehículos.
El impacto sería grande por el volumen de la zona: solo Ternium Argentina registra unos 10.000 ingresos mensuales, sin contar las demás empresas.
FADEEAC aclara que no discute las competencias municipales sobre el tránsito local ni la facultad de fiscalizar pesos y dimensiones. Su planteo es que las tasas deben guardar vinculación directa y proporcional con el servicio efectivamente prestado, y no ser análogas a tributos nacionales o provinciales.
Sobre el combustible, la entidad sostiene que el esquema podría chocar con el régimen de Coparticipación Federal y con normas de financiamiento vial, y cita el caso «Cantaluppi» de la Corte Suprema.
Sobre los camiones argumenta que, si el paso por esos kilómetros implica un pago obligatorio, el mecanismo adquiere características de peaje, competencia que correspondería a la Nación o la provincia. También objeta que los fondos no tendrían afectación específica.
El pedido concreto incluye la intervención del Ministerio de Economía, el inicio de acciones legales, una medida cautelar que suspenda los cobros y la derogación de la ordenanza.
Cien empresas afectadas
La presentación hecha por FADEEAC fue consecuencia de una nota que un total de 25 empresarios transportistas elevaron a la entidad que los representa. Allí, advirtieron que la ubicación elegida para el enclave de la estación de pasaje y peaje, sobre el ex Camino Provincial N° 87, en el denominado Acceso Sánchez desde la Ruta Nacional N° 9, “no es casual”. “Se encuentra sobre el único acceso habilitado para el tránsito pesado, sin vías alternativas de ingreso y egreso para este tipo de vehículos”, remarcaron.
El Acceso Sánchez constituye un corredor logístico de relevancia nacional, utilizado por el transporte de cargas que abastece a complejos industriales de la región y que conecta además con el Puerto de San Nicolás, uno de los principales puertos de salida al comercio exterior.
“No se trata entonces de una barrera municipal vinculada a la economía local, sino que impacta en insumos, materias primas, maquinaria y productos terminados que integran cadenas productivas industriales y de exportación con alcance en todo el país. En pocas palabras: este peaje municipal que alcanza al transporte de carga que utiliza este corredor estratégico impacta directamente sobre la producción industrial nacional y las exportaciones argentinas”, enfatizaron los transportistas de cargas.
Advierten que la medida impulsada por el Departamento Ejecutivo de Ramallo alcanzaría a alrededor de un centenar de empresas de transporte de todo el país que operan unidades que ingresan regularmente a ese municipio para abastecer establecimientos industriales o realizar operaciones de carga y descarga de mercaderías en el Puerto de San Nicolás.
“Según la frecuencia de ingresos de cada operador, el costo anual podría ubicarse en el orden de los $100 a los $500 millones de pesos según la frecuencia de ingresos de cada empresa. Un impacto de esa magnitud absorbería una porción sustancial del margen operativo de las empresas y verían como esos ingresos terminarían siendo capturados por el municipio y el propio concesionario. Este escenario pondría en riesgo la continuidad de numerosas operaciones de carga y descarga en la zona, con el consiguiente riesgo de incomunicación y aislamiento de las industrias y del puerto regional de San Nicolás”, advirtieron desde el sector.
