Oficialismo y peronismo se enfrentan por desalojos y tierras
NewsITe
El Senado de la Nación fue escenario de un áspero cruce político durante el tratamiento del proyecto de ley de Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza. La discusión estuvo marcada por fuertes acusaciones entre el bloque libertario y el peronismo, en especial por los cambios propuestos en los procesos de desalojos y en la Ley de Manejo del Fuego.
Desde el peronismo, una de las intervenciones más duras fue la de la senadora rionegrina Ana Marks, quien cuestionó la concepción de la tierra como “un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil”. Para la legisladora, ese enfoque supone “estar en contra del pueblo” y acusó al oficialismo de actuar como “cipayos y entreguistas” al priorizar la lógica del mercado por encima del derecho a la vivienda y a la tierra.
Marks también apuntó contra el nuevo esquema de desalojos previsto en el proyecto. Señaló que el Gobierno no ofrece “ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler” y advirtió que acelerar las expulsiones de ocupantes no responde a la crisis habitacional, sino que profundiza la vulnerabilidad de los sectores más postergados.
Defensa del proyecto y cambios en el texto oficialista
Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita defendió la iniciativa y remarcó que la Argentina “necesita reglas claras para ser un país previsible”. Según explicó, el objetivo central del proyecto es “poner orden en una cuestión trascendental para los argentinos: proteger a los propietarios que fueron desposeídos de sus bienes”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, detalló que el dictamen sufrió modificaciones de último momento y que finalmente se eliminó el capítulo que habilitaba cambios en la compra de tierras por parte de extranjeros, uno de los puntos más cuestionados en la discusión previa. De esta manera, el eje quedó concentrado en agilizar los desalojos y reformar la Ley de Manejo del Fuego.
Coto explicó que la propuesta establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario actual. Esto, dijo, apunta a reducir sensiblemente los plazos judiciales y a “garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada”. En cuanto al Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que los dueños de inmuebles incendiados sean “doblemente castigados” por las restricciones vigentes.
Críticas del peronismo y acusaciones de entrega de soberanía
Desde el bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como “un nuevo mamarracho” del gobierno de Javier Milei y lo vinculó con una supuesta política de “entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras”. Aunque el punto referido a la compra de tierras por parte de extranjeros fue quitado del dictamen, el legislador sostuvo que el espíritu de la iniciativa mantiene un sesgo favorable a grandes intereses económicos.
Bensusán también cuestionó el modo en que se tramitó la iniciativa dentro del Congreso. Denunció que los senadores recibieron el nuevo dictamen “apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones”. Ese procedimiento, afirmó, atenta contra la seriedad del debate parlamentario y limita la posibilidad de un análisis profundo del articulado.
- Agilización de procesos de desalojo mediante vía sumarísima.
- Reforma de la Ley de Manejo del Fuego para evitar sanciones adicionales a propietarios.
- Eliminación del capítulo sobre compra de tierras por extranjeros tras fuertes críticas.
- Denuncias opositoras por falta de tiempo y claridad en la circulación del nuevo dictamen.
“El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales”, sostuvo el senador Agustín Coto.
Con posturas abiertamente enfrentadas, el debate en el Senado por la ley de Propiedad Privada vuelve a poner en primer plano la tensión entre la defensa estricta del derecho de propiedad y las demandas por mayor protección social y acceso a la vivienda. El desenlace legislativo de la iniciativa será clave para definir el alcance de los cambios propuestos en materia de desalojos y regulación territorial en la Argentina.
