Tensión política en Córdoba por la designación del juez electoral
NewsITe
La decisión del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de impulsar a Guillermo Arias como nuevo juez electoral provincial abrió un fuerte frente de conflicto con la oposición, que ya adelantó su rechazo al pliego en la Legislatura y cuestionó el procedimiento del concurso realizado por el Consejo de la Magistratura.
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Arias, de larga trayectoria como secretario legislativo de la Unicameral y de origen peronista, encabezó el orden de mérito con 85,06 puntos y quedó primero en el concurso para reemplazar a Marta Vidal, quien dejará el cargo tras casi treinta años al frente del juzgado electoral. En segundo lugar se ubicó el radical Diego Frossasco, con 82,33 puntos.
Según trascendió desde el oficialismo provincial, el Ejecutivo enviaría en los próximos días el pliego de Arias a la Legislatura, con la expectativa de que asuma el 1 de septiembre, en la antesala de las elecciones municipales de Marcos Juárez, uno de los distritos clave en el mapa político cordobés.
El punto más controvertido para la oposición no fue el perfil del candidato, sino el mecanismo de selección aplicado. La polémica se centró en que las entrevistas personales a los 17 postulantes no fueron públicas ni transmitidas, a diferencia de lo que ocurre en concursos similares a nivel nacional, lo que abrió cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Desde el Frente Cívico, espacio que tiene como principal referente al senador nacional Luis Juez, manifestaron su rechazo a la designación. El presidente del bloque en la Unicameral, Walter Nostrala, adelantó que votarán en contra del pliego. En paralelo, el jefe del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, vinculó el nombramiento con una presunta “concentración de cargos judiciales” en dirigentes cercanos al oficialismo y habló de una “peronización” de la Justicia cordobesa.
El Consejo de la Magistratura desestimó el pedido formal de Juez para que las entrevistas fueran abiertas al público, mientras que desde el oficialismo defendieron el procedimiento y pusieron en valor la trayectoria de Arias, a quien se le reconoce experiencia en derecho parlamentario y electoral. Para el Gobierno, la designación se enmarca en los plazos previstos y respeta el reglamento vigente.
Un cargo clave en la disputa política hacia 2027
El juzgado electoral tiene un rol central en la vida institucional de Córdoba: organiza los comicios provinciales y municipales, controla aspectos clave del calendario electoral y resuelve los conflictos que se generan en torno a padrones, listas y resultados. Por eso, la definición de quién ocupará ese sillón adquiere una fuerte connotación política.
En la oposición señalan que el nombramiento de Arias debe leerse también en el contexto de la precampaña hacia 2027, con un oficialismo que busca asegurar figuras afines en posiciones sensibles del Poder Judicial. Desde el Panal, en cambio, remarcan que se trata de un concurso resuelto por el Consejo de la Magistratura con criterios técnicos y que el Ejecutivo solo cumple con elevar el pliego del mejor puntuado.
Hasta el momento no se registraron impugnaciones formales al orden de méritos, aunque los bloques opositores insisten en que la falta de publicidad de las entrevistas deja un “manto de duda” sobre el proceso. La Legislatura deberá tratar el acuerdo en los próximos días y el debate promete tensar nuevamente la relación entre Llaryora y los principales espacios opositores.
Con la mira puesta en el cronograma electoral de los próximos años, la definición sobre el próximo juez electoral cordobés se convirtió en un nuevo capítulo de la puja por el control de los organismos que arbitran las reglas del juego democrático en la provincia.
