La Ciudad buscaba instalar una tienda de recuerdos y un local gastronómico dentro de una bóveda del Cementerio de la Recoleta, pero la Justicia suspendió el proceso tras el amparo presentado por una heredera. La demandante cuestionó la caducidad de la concesión familiar.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anuló la licitación que había convocado para instalar un gift shop con venta de alimentos y bebidas en una bóveda del Cementerio de la Recoleta. La decisión llegó después de que la Justicia ordenara suspender el proceso ante el reclamo de una heredera de la familia que recibió la concesión del espacio.
La bóveda se encuentra en la Sección 17, Tablón 201, y posee una superficie cubierta aproximada de 24,55 metros cuadrados. El llamado contemplaba entregar su explotación comercial durante cinco años. Se establecía un canon base mensual de $1.600.000, para que funcionaran una tienda de recuerdos y un local gastronómico.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Lucía Girado contra el Ejecutivo porteño. La mujer pidió la nulidad del procedimiento mediante el cual la administración declaró la caducidad de la concesión que pertenecía a su familia.
La Justicia frenó la explotación comercial de la bóveda
El juez Roberto Gallardo ordenó al Gobierno porteño abstenerse de avanzar con la caducidad del terreno formado por las sepulturas uno a 12 y la demasía del número 201 de la Sección 17. La medida también impide que la Ciudad disponga una licitación o un remate público sobre el espacio mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El magistrado suspendió específicamente la Licitación Pública N° 10002-1251-LPU26, que tenía como finalidad conceder el uso y la explotación comercial onerosa de la bóveda. En su resolución, advirtió que el Ejecutivo habría iniciado una segunda etapa destinada a obtener un beneficio económico en un lugar que podría encontrarse fuera del comercio.
Gallardo consideró que el cementerio constituye un espacio de paz y descanso para los familiares de las personas sepultadas. No puede constituirse nunca en un centro comercial, de acuerdo al letrado. A partir de esa interpretación, ordenó detener el procedimiento hasta analizar la validez de la caducidad dispuesta por la administración.
La Ciudad reclama una deuda millonaria por mantenimiento y reparaciones
El Gobierno porteño sostuvo que los 30 propietarios registrados acumularon una deuda de $22.215.070 por el mantenimiento de la bóveda entre 2007 y 2026. A esa cifra añadió otros $15.587.653 por trabajos de reparación. Según la versión oficial, los mismos fueron realizados la administración de la Ciudad.
Las autoridades afirmaron que desde 2025 enviaron cartas documento y publicaron edictos durante el proceso administrativo. No obstante, ninguno de los titulares regularizó la situación ni pagó los montos reclamados. También señalaron que aplicaron el procedimiento habitual para los cementerios porteños y que recuperaron el bien por vía administrativa después de declarar la caducidad.
La bóveda había permanecido clausurada y sus familiares no podían ingresar durante los días previos a la presentación del amparo. En medio de un refuerzo de la seguridad en el perímetro, Girado recurrió a la Justicia para impedir que el Ejecutivo avanzara con su explotación comercial.
La heredera afirmó que intentó regularizar la situación
Girado rechazó la explicación oficial y aseguró que buscó resolver el estado administrativo de la bóveda en varias oportunidades. Según explicó, perdió el rastro del familiar que aparece como titular en los registros y esa dificultad le impidió asumir el pago de la tasa anual y los gastos de mantenimiento.
“La bóveda no está abandonada porque yo voy; si desde la administración del lugar dicen que está abandonada porque no se pagó la tasa es otra cosa”, manifestó la heredera en declaraciones a La Nación. También contó que vive a diez cuadras del cementerio y visita el panteón varias veces al año.
“Nadie me dijo nada nunca. Vivo a 10 cuadras y voy varias veces al año: vi el deterioro y el cambio de estructura del cementerio. Antes era tierra de nadie”, agregó. La mujer indicó que su padre y dos de sus abuelos fueron sepultados allí hace más de dos décadas y que comparte la bóveda con numerosos familiares.
Girado también sostuvo que las personas incluidas en la nómina de titulares notificados habían fallecido. “El director me dijo que se habían seguido todos los pasos correspondientes y que tenían los nombres de los familiares notificados: están todos muertos los de la lista”, afirmó.
Una concesión familiar otorgada a perpetuidad
El panteón perteneció a la familia Girado y Casagemas, oriunda del sur de la provincia de Buenos Aires, desde finales del siglo XIX. Como ocurrió con otras bóvedas entregadas durante ese período, la concesión había sido otorgada a perpetuidad.
El conflicto judicial deberá determinar ahora si la Ciudad podía declarar extinguida esa concesión por las deudas acumuladas. Y si existe la posibilidad de entregar la bóveda para una actividad comercial. Hasta que exista una resolución sobre el planteo, el Gobierno porteño no podrá retomar la licitación del gift shop ni disponer del espacio mediante otro procedimiento.
