Mendoza impulsa la adecuación a la nueva ley de responsabilidad penal juvenil
NewsITe
El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para adecuar su normativa al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional 27.801, que comenzará a regir en todo el país el próximo 5 de septiembre. La iniciativa busca ordenar y fortalecer el sistema provincial de responsabilidad penal juvenil frente a adolescentes en conflicto con la ley.
El expediente fue ingresado tras varios meses de trabajo coordinado entre distintas áreas del Poder Ejecutivo y organismos vinculados al sistema penal juvenil. Encabezaron la presentación la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, acompañados por la vicegobernadora Hebe Casado y las principales autoridades de ambas cámaras legislativas.
Según se explicó, el proyecto reemplaza al régimen provincial actualmente vigente y ajusta la estructura institucional, judicial y operativa de Mendoza a la nueva legislación nacional. Aunque la ley 27.801 se aplicará en todo el territorio argentino desde septiembre, la provincia busca contar con una norma integral propia que regule la intervención estatal sobre adolescentes desde los 14 años.
Claves del nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil
La ministra Mercedes Rus sostuvo que el nuevo régimen se apoya en dos principios centrales: reconocer al adolescente como una persona en desarrollo y, simultáneamente, como un sujeto de derechos con obligaciones y responsabilidades frente a la sociedad. En ese marco, un menor de 14 años que cometa un delito a partir de la entrada en vigencia de la ley será investigado por la Justicia penal juvenil como sujeto penalmente responsable.
La propuesta provincial incluye la creación de un Código Procesal Penal Juvenil y el reordenamiento de dispositivos ya existentes, con el objetivo de mejorar la articulación entre el sistema judicial, los organismos de protección de derechos y las áreas sociales y educativas. Se prioriza la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad, reforzando la idea de resocialización y evitando la consolidación de trayectorias delictivas.
De acuerdo con los registros oficiales, los hechos que involucran a adolescentes inimputables hasta hoy muestran una mayor incidencia de lesiones (22 %) y robos (9 %). Para el segmento de jóvenes de entre 16 y 18 años ya comprendidos en el sistema penal juvenil, en 2025 se registraron 511 casos, pero solo 46 derivaron en penas de encierro, lo que revela una utilización acotada de la prisión como respuesta estatal.
Resocialización y límites para los jóvenes en conflicto con la ley
- Se apunta a “cortar el circuito delictivo” mediante intervenciones tempranas y acompañamiento integral.
- Se fortalecerán dispositivos de contención y seguimiento, tanto comunitarios como institucionales.
- La privación de la libertad quedará reservada para situaciones excepcionales, como última ratio.
- La provincia creará herramientas procesales específicas para la justicia juvenil.
“Es una ley que otorga mejores condiciones para la resocialización de ese joven y, sobre todo, para cortar ese circuito delictivo en el que se inserta cuando empieza a tener conflictos con la ley penal”, afirmó la ministra Mercedes Rus.
Las autoridades provinciales consideran que la ampliación del régimen hacia adolescentes de 14 y 15 años mantendrá la tendencia de priorizar medidas no privativas de la libertad, aunque dejando en claro que hay límites y responsabilidades que deben asumirse. El desafío, remarcan, es construir un sistema que combine firmeza ante el delito con oportunidades reales de inclusión, educación y acompañamiento para evitar la reincidencia.
Con el debate ya instalado en la Legislatura, Mendoza se encamina a ser una de las primeras provincias en adecuar de manera integral su andamiaje institucional al nuevo régimen penal juvenil nacional.
