Sturzenegger rechaza intervenir en deudas familiares y apunta a bancos
NewsITe
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, descartó una intervención del Gobierno nacional frente al creciente endeudamiento de los hogares argentinos y cargó las responsabilidades sobre los bancos y las emisoras de tarjetas no bancarias. El funcionario sostuvo que se trata de “gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó”, desligando así al Ejecutivo de eventuales rescates o cambios de reglas para aliviar a las familias.
En una columna publicada en el diario La Nación, Sturzenegger respondió a los cuestionamientos de sectores de la oposición que pedían medidas ante la situación crediticia de los hogares. El ministro afirmó que, si las entidades enfrentan ahora dificultades para recuperar los préstamos otorgados, “el problema principal es de ellos” y denunció que se intenta utilizar el tema para golpear políticamente al Gobierno.
El funcionario remarcó que el financiamiento bancario al sector privado en la Argentina representa apenas el 12% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo de economías de la región como Chile y Brasil, donde supera el 70%. A la vez, puntualizó que la cartera irregular —es decir, los créditos en situación de incumplimiento— no llega al 1% del producto, por lo que, a su entender, no se configura un escenario de crisis sistémica que justifique una intervención estatal excepcional.
Defensa del marco regulatorio y del rumbo económico
Sturzenegger defendió con insistencia la “intangibilidad” del actual marco regulatorio del crédito, al que consideró una condición clave para sostener el financiamiento de largo plazo. Según el ministro, en los últimos dos años casi cuatro millones de personas accedieron por primera vez a un préstamo formal, un dato que utilizó para argumentar que modificar las reglas en medio del proceso generaría incertidumbre y podría cerrar el acceso al crédito para los sectores que recién se incorporan.
“Argentina no puede estar modificando las reglas de juego en cada esquina. Es lo que hicimos siempre, y así nos fue”, sostuvo en la columna, en la que vinculó la estabilidad normativa con la posibilidad de que más argentinos puedan financiar consumos e inversiones en los próximos años. En esa línea, planteó que el rol del Estado debe centrarse en garantizar reglas claras y previsibles, antes que en intervenir en las decisiones de riesgo asumidas por entidades privadas.
De acuerdo con lo consignado por la agencia Noticias Argentinas, el ministro también aprovechó el texto para reivindicar el desempeño general de la economía bajo la actual gestión. Aseguró que el país se encuentra “en un sendero de crecimiento luego de 12 años de estancamiento” y sostuvo que parte de la dirigencia opositora intenta instalar un “relato negativo” que desconoce los indicadores oficiales.
Pobreza, empleo y exportaciones, en el centro del debate
Como respaldo de su diagnóstico, Sturzenegger mencionó una baja de la pobreza del 42% al 28%, la creación de unos 500.000 puestos de trabajo y el mantenimiento del superávit fiscal durante tres años consecutivos. También destacó el desempeño del sector externo, al que definió como un “boom de exportaciones” impulsado por las reformas estructurales incluidas en la denominada Ley Bases.
- El ministro ubicó la discusión sobre deudas familiares dentro de una estrategia opositora que, según él, busca cuestionar el rumbo económico del Gobierno.
- Planteó que la previsibilidad regulatoria es fundamental para que el sistema financiero continúe expandiendo el crédito y no restrinja el acceso de nuevos tomadores.
“Es, pensando en los millones de argentinos que van a necesitar un préstamo en los próximos años, por lo que Argentina no puede estar modificando las reglas de juego en cada esquina”, escribió Sturzenegger.
El posicionamiento del ministro abre un nuevo frente de debate en torno al rol del Estado frente al endeudamiento de las familias y al funcionamiento del sistema financiero. Mientras distintas organizaciones advierten por el peso de las cuotas y la morosidad en sectores de ingresos medios y bajos, el Gobierno se muestra decidido a sostener su programa de desregulación y estabilidad normativa, aun a costa de trasladar el costo del riesgo mayormente a bancos, emisoras de tarjetas y consumidores.
