AA2000 acuerda nueva etapa de inversiones y prórroga de concesión
NewsITe
Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) afrontará una nueva etapa en su relación con el Estado nacional tras un acuerdo que redefine la concesión aeroportuaria en todo el país. La compañía deberá realizar inversiones directas adicionales por USD 600 millones y desistir de una demanda judicial iniciada en 2023, en el marco de una renegociación que también extiende el plazo de la concesión y fija nuevas condiciones económico-financieras.
La Decisión Administrativa que avala el entendimiento contempla una recomposición integral del contrato vigente. Entre los puntos centrales se destaca la extensión por 11 años del plazo originalmente previsto, de modo que la concesión de AA2000 se prolongará hasta el 13 de febrero de 2049. El acuerdo apunta a despejar controversias acumuladas entre la empresa y el Estado, al tiempo que garantiza un paquete de obras de infraestructura en los principales aeropuertos del país.
Además de la prórroga, se estableció una inversión adicional de USD 600 millones, IVA incluido, que la concesionaria deberá ejecutar en un cronograma preciso. El compromiso prevé que, una vez avanzado ese plan de obras, la empresa pueda acceder a una ampliación de otros siete años para amortizar las inversiones, aunque ello estará sujeto al cumplimiento de condiciones específicas de ejecución y financiamiento.
Según lo acordado, AA2000 deberá demostrar antes del 30 de junio de 2027, mediante un informe emitido por una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que dispone efectivamente de los USD 600 millones comprometidos. A su vez, deberá acreditar que al 31 de diciembre de 2031 se habrá completado al menos el 75% de las obras incluidas en este nuevo paquete de inversiones, lo que implica un fuerte avance en ampliaciones, modernización y mejoras operativas en la red aeroportuaria.
Rol del ORSNA y parámetros económicos del acuerdo
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue el encargado de realizar los análisis técnicos, económicos y financieros que sirvieron de base para la renegociación. Sobre la base de esos estudios se definió la duración del nuevo esquema contractual y se determinó la Tasa Interna de Retorno (TIR) que se utilizará como referencia para recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión.
AA2000 pretendía una TIR cercana al 17%, vinculada al Riesgo País y considerada por la empresa como exigible contractualmente frente al Estado. Sin embargo, la TIR de referencia finalmente adoptada fue del 14,30%, sin mecanismos automáticos de incremento. Este punto fue clave en la discusión, ya que condiciona la rentabilidad futura del negocio, el esquema tarifario y la capacidad de la compañía para financiar nuevas obras en un contexto macroeconómico desafiante.
Desistimiento de la demanda y cierre de controversias
El acuerdo establece también que el Estado nacional, AA2000 y sus accionistas renuncian a realizar reclamos mutuos por hechos y perjuicios anteriores al Acta Acuerdo, incluyendo los vinculados al impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la actividad aérea. Se contempla únicamente una excepción para determinadas revisiones de inversiones correspondientes a períodos previos, que podrán seguir siendo analizadas en instancias técnicas específicas.
Como parte del cierre de estos conflictos, la empresa deberá desistir de la demanda judicial presentada en 2023, en la que denunciaba una distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato original. El retiro de la acción judicial y la renuncia al derecho invocado forman parte de las condiciones centrales del entendimiento, que busca dar previsibilidad a largo plazo al sistema aeroportuario bajo concesión.
Excusación de Milei y límites al RIGI
En paralelo a la renegociación, el presidente Javier Milei se excusó formalmente de intervenir en cualquier decisión relacionada con AA2000, su grupo controlante, sus accionistas o sociedades vinculadas. La medida se adoptó en virtud del vínculo profesional previo del mandatario con Corporación América, grupo empresario ligado a la concesionaria. La excusación se justificó en razones de “decoro y delicadeza” y apunta a resguardar la confianza pública en la imparcialidad de las decisiones de gobierno.
Durante las conversaciones, la empresa había intentado incluir en el acuerdo una cláusula para encuadrar un proyecto de inversiones dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los instrumentos que el Gobierno impulsa para atraer capitales de magnitud. Esa pretensión finalmente no fue aceptada, por lo que el nuevo esquema quedará regido por los parámetros específicos definidos en la renegociación.
Con la firma del Acta Acuerdo, el Estado y la principal operadora de aeropuertos del país buscan cerrar un largo capítulo de controversias y garantizar un marco estable para inversiones por cientos de millones de dólares.
Con estos compromisos, el sector aeroportuario argentino ingresa en una etapa en la que se combinarán mayores exigencias de inversión con un horizonte de concesión extendido. El desafío estará en que las obras se concreten en tiempo y forma y que el equilibrio económico logrado no se vea alterado por futuros cambios regulatorios o coyunturales.
