El juez federal Ariel Lijo dispuso el sobreseimiento de tres ex funcionarios de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray, denunciados por la ex diputada Elisa Carrió por la concesión de planes y facilidades de pago entre 2010 y 2015.
La medida benefició a Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI); José Bianchi, ex subdirector general de Recaudación, y Guillermo Mitchel, ex subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de AFIP.
“Dado el rol que ha cumplido cada uno de ellos, que su participación no resultaba vinculante para la decisión final en el otorgamiento de los planes y que la prueba reunida no ha permitido verificar alguna injerencia penalmente relevante en los planes investigados, es que corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y desvincularlos del presente proceso”, sostuvo el juez Lijo.
En una resolución de unas 30 páginas, Lijo hizo lugar a un dictamen del fiscal Ramiro González, quien había recomendado el sobreseimiento denunciados porque supuestamente desde “las altas esferas de la AFIP se habría instaurado informalmente un sistema de concesión masivo de planes de facilidades de pago ´individuales´ sin ningún tipo de control”.
La denuncia indicaba que mediante ese mecanismo “se benefició económica y financieramente a algunos contribuyentes”.
“El núcleo de toda imputación es una hipótesis fáctica que se atribuye con consecuencias jurídico-penales y, por ello, debe contener todos los elementos, conforme al derecho penal, de un hecho punible; requisitos que no se encuentran verificados en el caso o al menos no poseen un claro correlato con la evidencia recabada”, sostuvo Lijo.
“Ninguna de las diligencias practicadas permitió dar sustento a la hipótesis atribuida a los nombrados o siquiera acercar algún elemento que brindara razones para proseguir con la investigación a su respecto”, añadió.
La causa es un desprendimiento del juicio conocido como Oil Combustibles, en el que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa terminaron absueltos y Echegaray, condenado.
La denuncia de Carrió abarcaba a otros 1.232 contribuyentes a los que les reprochó “defraudación a la administración pública y ser partícipes de la administración infiel de los funcionario públicos implicados”.
Entre esos 1.232 beneficiarios había unos 450 fruticultores, de la Federación Agraria Argentina y afectados por la erupción del volcán Puyehue. El juez no resolvió la situación de Echegaray.